La AUGC denuncia que el buque estrella contra la inmigración ilegal es un viejo pesquero japonés que navega a 10 nudos «Hasta los cayucos corren más que nosotros». La broma corre como la pólvora entre el personal del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y se refiere al nuevo buque estrella para luchar contra la inmigración clandestina.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visitará hoy las islas Canarias para entregar a la Guardia Civil el Río Miño, de 51 metros de eslora, que patrullará en las costas africanas con el fin de frenar la llegada de cayucos.

Sin embargo, el flamante barco oceánico tiene alguna que otra gotera. Según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), en realidad la nave es un viejo pesquero japonés de 1984 que sólo puede navegar a 10 nudos de velocidad de crucero, ya que conserva el mismo motor de entonces.

Desde esta Asociación critican que, en lugar de construir una embarcación específica, el Ministerio del Interior haya optado por reformar una antigua, con el fin de intentar ahorrar costes. «El buque insignia Río Miño es viejo y va a traer problemas operativos. Es un ejemplo más de la precipitación y falta de planificación del Gobierno. Al final, han hecho un barco mixto, que es un adefesio y no se sabe para qué sirve. Es una verdadera chapuza», critica el portavoz de la AUGC, Manuel del Alamo.

Desde este colectivo recuerdan que una patrullera media de la Guardia Civil tiene una velocidad de 30 nudos y algunas alcanzan hasta los 50, cinco veces más rápidas que el Río Miño. «Es un barco que fue construido para la actividad pesquera, que no requiere velocidad, pero sí mucha autonomía. Nosotros necesitamos ir rápido ante un rescate y nuestro margen de maniobra va a ser muy limitado. Eso sí, ¡a la velocidad que vamos, ahorraremos mucho combustible!», ironiza el portavoz.

Pero la lentitud del barco no ha sido su único inconveniente. La búsqueda de la tripulación generó tensiones entre Marina Mercante, que depende del Ministerio de Fomento, y la Guardia Civil, perteneciente a Interior, que se enzarzaron en un conflicto de competencias.

Marina Mercante considera que las titulaciones de los agentes sólo les facultan para navegar en aguas españolas, pero no internacionales. Sin embargo, los guardias civiles argumentan que su reglamento les faculta para dirigir patrulleras en los dos ámbitos. La batalla se saldó a favor de Fomento, ya que la mayor parte de la tripulación del Río Miño está formada por personal laboral, contratado por una empresa.

La AUGC critica que en una patrullera policial, destinada a delicadas operaciones de lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, sólo viajen a bordo cuatro agentes y los otros cerca de 20 marinos sean civiles, a los que se han buscado uniformes que se asemejan a los del Instituto Armado. «El buque va a realizar operaciones policiales y resulta que los guardias civiles van a ir de figuras decorativas. Han tenido tiempo para habernos formado como oficiales mercantes. ¿Qué va a pasar en un rescate arriesgado? Esta situación puede provocar problemas legales», protesta Del Alamo.

Además, si el argumento utilizado por Fomento es válido quedarían en entredicho las actividades de los guardias civiles que patrullan en aguas de Senegal y Mauritania y que, según la Marina Mercante, no tienen la formación adecuada.

La AUGC censura que si Interior pretendía ahorrar en costes también ha fracasado porque ya se han superado los siete millones de euros que se iban a invertir en la puesta a punto del Río Miño. También reprueba la escasa retribución de los agentes, que cobrarán menos que los civiles.