Marian Cojocea, de 49 años, murió el pasado día 28 al caérsele encima el ascensor que reparaba en Ciudad Lineal. Tanto él como el grupo de peones a su cargo eran inmigrantes sin papeles que trabajaban en una obra sin licencia y que vivían en condiciones de semiesclavitud: dormían en el sótano de la obra, carecían de contrato laboral, no habían cobrado nada, trabajaban unas doce horas al día y sólo descansaban el domingo. Con Marian, los muertos en el tajo en la Comunidad de Madrid en lo que va de año ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad extranjera, según un estudio elaborado por UGT.

El informe indica también que el 93% pertenecía a subcontratas (frente al 67% observado en 2005 y 2006), y que el 71,4% tenía contrato temporal. Son conclusiones que el sindicato ha obtenido tras estudiar estadísticamente una muestra representativa de los siniestros mortales que tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid entre la población trabajadora inmigrante durante este periodo de referencia.

El 60% de los trabajadores inmigrantes se localizó en la construcción, seguido por el sector servicios (20%) y el industrial (20%). Desde enero, el 40% de las personas extranjeras que perdió la vida en el trabajo tenía edades comprendidas entre los 31 y 45 años, y otro 40% tenía menos de 30 años. Las caídas a distinto nivel (40%), atrapamientos por o entre objetos (20%), y la caída de objetos fueron las formas que presentaron los siniestros.

La secretaria de Salud Laboral de UGT – Madrid, Marisa Rufino, afirmó ayer que los datos revelan “el extendido incumplimiento de la normativa en materia de prevención en riesgos laborales, y en particular la que afecta a la coordinación de actividades empresariales”. El sindicato exigió la “aplicación urgente” de la Ley de Subcontratación en el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid, así como una “efectiva coordinación” entre la Inspección de Trabajo, la fiscalía y la judicatura.

Además, Rufino reclamó a la Comunidad de Madrid la exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, y consideró “indispensable” publicar el listado con el nombre de estas compañías.

Por su parte, Comisiones Obreras, que ejercerá de acusación particular en el caso de Cojocea, pidió

que “la ratio de inspectores que vigilan las obras ascienda a uno por cada 7.000 trabajadores”. Ahora, sólo hay uno por cada 25.000. El s

ecretario general de Fecoma – CC OO, Gerardo de Gracia, anunció que el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid emplea a entre 20.000 y 25.000 trabajadores indocumentados.

Gracia señaló que propondrá al director territorial de la Inspección de Trabajo criterios de actuación para que los inspectores actúen con “rapidez, firmeza, contundencia y ejemplaridad”.