ESTEVE GIRALT – TORTOSA
Sorpresa mayúscula la que se llevó el Ayuntamiento de Tortosa cuando conoció, en una revisión del padrón municipal, que en un único domicilio del barrio de Remolins vivían, al menos en teoría, hasta 57 personas. La policía local abrió entonces una investigación que culminó anteayer con la detención de la propietaria de la vivienda, una vecina de nacionalidad rumana de 33 años, acusada de un presunto delito de falsificación continuada del padrón.

La imputada ha empadronado a 57 inmigrantes en su piso, 29 de ellos durante los últimos ocho meses. La mayoría son rumanos y les cobraba a cada uno en función de su poder adquisitivo, pero ninguno de los empadronados vivía en la casa, de tres plantas y 150 metros cuadrados. La mayoría incluso ni residen en Tortosa. La propietaria, que fue detenida cuando intentaba empadronar a dos inmigrantes más, había dado fe en todos los casos de que cada una de estas personas vivía en su domicilio para hacer posible así el empadronamiento, indispensable para optar al permiso de residencia, de trabajo, a la tarjeta sanitaria u otras ayudas sociales.

La policía sólo ha podido localizar a uno de los inmigrantes empadronados, que asegura que nunca vivió en la casa, pero pagó 30 euros a la detenida. La acusada, tan sólo admitió conocer a 18 de las personas que en teoría vivían en su casa y que son, al parecer, familiares suyos. El Ayuntamiento ha anunciado que actuará con dureza para erradicar este tipo de prácticas, que “genera situaciones sociales muy conflictivas”. El alcalde de Tortosa, Ferran Bel (CiU), avanzó que pondrán en marcha un paquete de medidas para realizar un mayor control del padrón municipal en una ciudad con el 25% de población de origen inmigrante.