La Policía Local de Tortosa puso ayer a disposición judicial a A. C., una mujer de 33 años detenida la noche del martes como presunta autora de un delito de falsificación continuada de documento público, concretamente del padrón municipal. La acusada, de nacionalidad rumana, había acreditado el empadronamiento de 57 inmigrantes en su domicilio, situado en el barrio de Remolins, una única vivienda de tres plantas y 150 metros cuadrados habitables.
Según explicó ayer el alcalde, Ferran Bel (CiU), los servicios municipales alertaron de la irregularidad detectada en una revisión del padrón, lo que condujo a una investigación que ha culminado con el arresto de la propietaria de la casa.
Durante el proceso policial previo, los agentes localizaron a una de las personas empadronadas en el domicilio, que reconoció no haber residido nunca en la finca y haber pagado la cantidad de 30 euros a la detenida para que le facilitara la obtención del documento municipal. “Para los extranjeros, el trámite del registro en el padrón es indispensable para optar al permiso de residencia, trabajo o determinados servicios, como la tarjeta sanitaria o ayudas de carácter social”, recordó el inspector de la Policía Local, Jesús Hernàndez.
Los agentes, sin embargo, no han conseguido localizar a ningún otro de los implicados en el caso y sospechan que la mayoría no ha vivido nunca en Tortosa. La detenida, que en un principio se negó a colaborar, declaró finalmente que solo conocía a 18 de las personas que constan como residentes en su domicilio.

MEDIDAS DE CONTROL
El alcalde anunció ayer que el ayuntamiento, que estudia otros casos con indicios delictivos similares, ultima un conjunto de medidas destinadas a endurecer los controles para impedir este tipo de situaciones. “La voluntad es ser muy contundente para erradicar estas prácticas delictivas que generan situaciones sociales muy conflictivas”, declaró Bel.