MADRID. - Alexander Smiech, responsable de la obra de Ciudad Lineal en la que anteayer murió un trabajador de nacionalidad rumana, huyó tras conocer el accidente. Uno de sus empleados le llamó y le comunicó lo sucedido. Smiech le dijo que iría hacia el lugar, pero «ya no volvimos a saber nada de él», declararon ayer en los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla Marian Laurentiu y Calin Ionel, dos compañeros del fallecido.

Al parecer, la empresa propietaria del edificio había contratado a Smiech para la realización de las obras. Este, a su vez, firmó a un grupo de trabajadores polacos y rumanos. Ayer por la tarde el jefe de la construcción no había aparecido. Fuentes de la investigación indicaron que vivía en Villalba. No fue encontrado en su casa y tampoco contestó a las llamadas que se han hecho a su teléfono móvil.

La Fiscalía de Madrid coordina e impulsa la investigación que se ha abierto por la muerte del obrero, así como por delito de explotación contra los trabajadores.

La muerte del operario se produjo el lunes en torno a las 17.45 horas, tras caerle encima un ascensor que estaba manipulando en un edificio en construcción en el número 3 de la calle Ramonet, en el mencionado distrito de Ciudad Lineal.

Los agentes de la Policía Municipal, que actúan como Policía Judicial, descubrieron que había un grupo de trabajadores que vivían en condiciones deplorables en el mismo edificio donde estaban efectuando la rehabilitación.

La misma Fiscalía fue uno de los organismos que promovieron que los agentes municipales pudieran investigar los accidentes para facilitar la rapidez en el esclarecimento de los hechos. También se considera desde el mismo organismo que la explotación de los trabajadores que estaban en esa obra, sin contrato y viviendo en unas condiciones infrahumanas, debe ser perseguirse, pues la explotación laboral es una forma de delito como lo es la explotación sexual.

Ayer, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación «inmediata» y que la Inspección de Trabajo actuará de forma «enérgica» ante el accidente.

En rueda de prensa para presentar los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral, Caldera afirmó que la Inspección de Trabajo ya ha «tomado cartas» en el asunto. Al mismo tiempo, garantizó que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales».

Los trabajadores serán derivados «probablemente» a un servicio como Cruz Roja, que cuenta con centros de acogida para población inmigrante donde se ofrecen las mejores posibilidades de inserción laboral, explicó un portavoz del SAMUR Social. «Alojamos y damos apoyo psicológico a la mujer del trabajador rumano que murió al caerle encima un ascensor, ya que está sola y sin apoyo familiar». Asimismo, lamentó la situación de este colectivo: «Ni cuentan con medios económicos ni con transporte para ir al juzgado a comparecer, por lo que les vamos a facilitar nuestros servicios».

La recién designada portavoz del PSM, Maru Menéndez, exigió al Gobierno regional la aplicación de la Ley Reguladora de la Subcontratación en la construcción, cuyo reglamento aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros y que calificó de «verdadero vehículo para luchar contra la siniestralidad laboral», informa Efe.

UGT – Madrid lamentó el accidente «en una obra totalmente ilegal, de la que aún se desconoce la empresa promotora de la misma». Además, exigió una reunión inmediata con la consejera de Empleo, Paloma Adrados, para poner en marcha medidas especiales contra la «elevada siniestralidad laboral que sufre la región» (106 muertos).

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, pidió que la Justicia actúe elevando la pena de prisión por estos delitos y demandó una reunión urgente del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.