La Guardia Civil de Xàbia ha arrestado a 15 de los extranjeros que compraron documentos y busca al resto entre Barcelona y Murcia Tras un concienzudo repaso al padrón de Gandia, la Guardia Civil tiene constancia fehaciente de que la funcionaria Elvira M. falsificó más de 200 certificados de empadronamiento a inmigrantes para que lograran el permiso de residencia.

Hace justo un mes que la ex jefa del departamento de Estadística permanece encarcelada acusada de un delito de falsificación documental y en este tiempo los servicios de investigación de la Benemérita de Xàbia no han parado de cotejar datos, bucear en el padrón de Gandia y comprobar cifras con el INE .

En la comarca de la Marina Alta, ya se han realizado 15 detenciones a inmigrantes que, supuestamente, compraron los documentos con fechas falsas (más de tres años de residencia ficticia en España) para poder lograr su certificado de arraigo. La operación todavía se prolongará durante varios meses, puesto que el resto de beneficiarios del fraude, en su mayoría originarios de Marruecos, Argelia y Pakistán, residen además de en la Comunitat, entre Murcia y Cataluña. Y lo peor, en muchos de los casos, en viviendas y poblaciones diferentes a las que reflejan los documentos que redactó Elvira M.

A tenor de lo visto el boca a boca funcionó como la seda en este particular negocio que además de la funcionaria de Gandia tiene otras piezas claves: Mustafá R, un marroquí también encarcelado tras ser acusado de colaborar en la venta de los documentos y la pareja sentimental de la jefa de Estadística: un pakistaní que regentaba un locutorio de Gata de Gorgos y que, presuntamente se encargaba de ofrecer los papeles fraudulentos a todos los interesados por unos 2.000 euros.

La Guardia Civil ha emitido una orden de busca y captura nacional sobre este individuo y espera que el juzgado pueda ampliarla al ámbito internacional, puesto que la pesquisas apuntan a que podría estar refugiado del escándalo en su país de origen.

El calado de la “Operación Padrón”, pionera al ser la primera de Extranjería que salpica a un Ayuntamiento, no ha pasado desapercibido en el resto de España ni a las unidades especializadas en evitar fraudes referentes a la inmigración.

De hecho, el daño institucional al Ayuntamiento de Gandia, (una Administración que ha colaborado estrechamente con la Guardia Civil para lograr el esclarecimiento del caso) al alcalde y hasta a tres funcionarios que actuaron de secretarios municipales durante el periodo en que se realizó el delito y que rubrican los documentos oficiales que preparó la detenida, podría empujar al Consistorio a personarse en el juicio contra Elvira M, un extremo que todavía no han decidido las autoridades locales.

Fin de los documentos

Fuentes del Instituto Armado explican que ahora se está rastreando la utilización documental de los más de 200 certificados falsos. Algunos de los beneficiarios poseían hasta tres documentos diferentes para intentar lograr en diferentes Ayuntamientos el certificado de arraigo.

Este documento, exige tres años de residencia y un informe del departamento de Servicios Sociales que compruebe que la persona está integrada en la sociedad, conoce la lengua o atesora amistades.

Y claro, en casos en que los demandantes no hablaban ni una palabra de español, informaron desfavorablemente.