En Canarias se pasa del frío al calor en cuestión de segundos. Es una actitud que incentiva la lejanía, la fragmentación del territorio y ese clima de deriva insular lleno de grandezas y de miserias. Y algo de eso ha ocurrido en la potencial pérdida de competitividad de las Islas en Marruecos.

A medida que avanza el tiempo, Canarias se aleja del territorio marroquí. Puede resultar un contrasentido, ahora que la inversión privada en ciudades como Agadir alcanza cotas inimaginables, pero los resultados de la acción política sólo dejan espacio para la decepción.

Los episodios que se viven estos días con la línea marítima con Tarfaya bordean el ridículo.

El delegado del Gobierno, José Segura, sacó pecho ayer para defender lo injustificable: ¿por qué no está operativa un año después de recibir la bendición política?

Segura insistió, en declaraciones a este periódico, que la naviera Armas podrá operar a finales de septiembre (es la tercera fecha que coloca en el cartel el delegado) y matizó, además, que el único permiso tramitado ante la Dirección General de la Marina Mercante es para la isla de Fuerteventura. Y es en tierras majoreras donde surge el problema, sobre todo, de siglas políticas.

Fuerteventura es la isla más próxima a Marruecos. Un barco de la antigüedad del Assalama (antes Ciudad de La Laguna), con más de 40 años de navegación, tarda unas dos horas y 20 minutos, un tiempo que se reduce con la incorporación de un buque más moderno. Desde Lanzarote la duración casi se duplica, una poderosa razón para desechar la vía conejera, pero en Canarias las cosas no se razonan por su simpleza. En Canarias, junto al interés regional, hay que valorar las ambiciones o tramas insulares.

El Cabildo de Fuerteventura está gestionado por un pacto enter AM(Coalición Canaria) y el Partido Popular, mientras que el de Lanzarote corresponde a otra alianza bien distinta, PSOE – PIL.

La presidenta del Cabildo consejero, Manuela Armas, viajó hace muy poco a la sede madrileña del Ministerio de Fomento para exigir de su compañera de partido, Magdalena Álvarez, el mismo trato que Puertos del Estado le dispensaba a Fuerteventura. O sea, que el reto de estar más lejos de Marruecos fue obviado por la ministra. Ésta dio órdenes a Emilio Mayoral para que construyera otro centro de desplazados en Arrecife sin importar que ya se habían invertido 300.000 euros en la instalación majorera.

También es cierto que poco o nada ayudó la precipitación del naviero Antonio Armas canjeando Lanzarote por Fuerteventura como si Canarias fuera un monopoly infantil.

AntonioArmas, consciente o no, desató las ánimas insulares sin evaluar que majoreros y conejeros están fajados en mil lides, son conocedores de que su potencial económico ha crecido en la última década y que su musculatura social está adaptada a los tiempos.

Comienza entonces el calvario institucional y la Administración se ve arrinconada por un cruce de intereses propio de una estampida.

El PSOE de Fuerteventura ha estado bien pertrechado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria con Augusto Brito y Domingo Fuentes. Mayoral prevé convocar un consejo para mediados de septiembre que, previsiblemente, debería incorporar cambios por el nuevo reparto de poder que dio las elecciones de junio.

Brito es uno de los políticos mejor experimentados de Canarias y siempre se ha mostrado partidario de impulsar la conexión con Marruecos.

Además, Fuerteventura tiene pendiente la autorización definitiva del puerto de La Hondura, santo y seña del futuro plan general en el que tanto empeño tiene depositado el alcalde capitalino, Marcial Morales.

Lanzarote también acudirá al consejo del Puerto a cara de perro para discutir qué pasa con la modernización del puerto de Arrecife y, para ello, quiere dejar claro que apuesta por Tarfaya; se rumorea incluso que el vicepresidente de la corporación insular, Fabián Martín (hijo de Dimas Martín), puede ser candidato al consejo portuario.

En medio de ese desfiladero caminan hoy el delegado del Gobierno, el presidente de la Autoridad Portuaria y los ministerios del Interior, de Asuntos Exteiores y de Fomento.

Es obvio que quien pierde, al final, es Canarias en su propósito de abrir la economía insular a un vecino que no ha dejado de brindar apoyo, hospitalidad y disposición constante y permanente con un trato preferencial sin precedentes.

Sin embargo, la velocidad de Canarias hacia Marruecos en particular y hacia el continente en general, desprende un tufillo de cinismo medieval.

Los acuerdos de vecindad, por ejemplo, para los que Bruselas dota 40 millones de euros, están paralizados porque alguien no reparó en que incluir en acuerdos comerciales a las ciudades de El Sáhara Occidental, contravenía el programa de paz dispuesto por Naciones Unidas.

Tampoco se sabe nada, o bien poco, de los 200 millones del plan de seguridad impulsado por el ex ministro Juan Fernando López Aguilar, en cuyos cimientos se hilvanó el concepto de proteger al Archipiélago de la ola migratoria y de los riesgos de la amenaza terrorista en los países magrebíes.

El continente africano sigue tan alejado como el primer día. La iniciativa privada desborda la esfera pública y mucho va a tener que esforzarse el equipo de Paulino Rivero para mirar de frente a África, tal y como prometió en su comienzo de mandato. Madrid ve esa iniciativa con otros ojos. Tarfaya es un ejemplo palpable de que Canarias cuenta con una hora menos en las prioridades del Estado y, si no, ahí está Casa África que se sufraga con fondos de las instituciones canarias pero se le impiede operar en el Magreb, como si en Senegal no fueran musulmanes.