En un primer momento, el meteórico ascenso de Alberto Gonzales fue celebrado por los inmigrantes de origen latino de EEUU, pues simbolizaba la emergencia política de una comunidad habituada a un papel subalterno. Sin embargo, su participación en casi todos los escándalos de la administración Bush acabó convirtiéndolo más bien en una fuente de rechazo y vergüenza.

Alberto Gonzales nació en el seno de una familia humilde en la ciudad de San Antonio (Texas). Como ha reconocido él mismo, tres de sus abuelos entraron y residieron en los EEUU como inmigrantes ilegales. Su padre, Pablo, era un trabajador de la construcción. A los 18 años se alistó en el ejército, donde pasó cuatro años, lo que le permitió pagarse sus estudios universitarios. Así pues, su historia de hombre hecho a sí mismo coincide perfectamente con el ideal del sueño americano.

Después de cursar un master en derecho en la universidad de Harvard y acumular 12 de experiencia en un bufete de abogados, George W. Bush, entonces gobernador de Texas, lo escogió en 1994 para formar parte de su equipo de consejeros. A partir de entonces y hasta el día de ayer, sus carreras correrían caminos paralelos. En 1997 fue nombrado secretario de Estado de Texas, un cargo equivalente al de ministro, y en 1999, miembro del Tribunal Supremo de este mismo estado sureño.

La victoria de Bush en las elecciones presidenciales de 2000 le llevó a trasladarse a Washington para servir en la Casa Blanca como asesor legal del presidente. Permaneció en ese cargo hasta finales de 2004, cuando Bush le eligió para sustituir a John Ashcroft, como Fiscal general. La confianza que siempre ha puesto en él Bush, y que él ha correspondido con un carácter sumiso que le ha hecho ganarse el apodo de Sí, señor, hizo que se rumoreara su candidatura al Tribunal Supremo tras la retirada de la juez Sandra O’Connor en 2005.

A pesar de haber estado en el ojo del huracán por diversos temas, como su rechazo a aplicar la Convención de Ginebra o su aprobación del programa de escuchas secretas, ha sido la polémica alrededor del despido de ocho fiscales generales la que ha cavado su tumba política. Lo mismo le sucedió hace unos meses a Harriet Myers, que le había substituido en 2004 como asesora legal de Bush. Las explicaciones de Gonzales ante el Congreso, en las que dijo no recordar casi nada, no convencieron ni a los propios republicanos.