El primer ministro francés, François Fillon, ha echado mano de la experiencia española para justificar el aumento de las repatriaciones y la restricción de las condiciones de reagrupamiento familiar de inmigrantes que aplica Sarkozy. En declaraciones a TF1, Fillon ha subrayado la necesidad del endurecimiento de la política de inmigración francesa «y de todos los países europeos», desvelando que en su última reunión con Zapatero, en julio en Madrid, éste reconoció que lamentaba «amargamente» haber regularizado a más de 600.000 ilegales en 2005, en un proceso de puertas abiertas que «se ha comprometido a no volver a hacer». Moncloa no ha negado o matizado unas declaraciones reveladoras tanto de la doblez del presidente, como de lo errático de su política de extranjería. Como toda respuesta – y tras haber sido preguntado al respecto – , el ministro Moratinos se limitó a insistir en las bondades de aquella regularización extraordinaria.

Cabe preguntarse – y criticar – por qué Zapatero valora de un modo opuesto, según hable en público o en privado, el resultado de un proceso de regularización masiva que ha condicionado la política de inmigración de España y del resto de Europa los últimos dos años. En el compromiso privado del presidente de «no volver a hacerlo» se entrevé una disculpa que cobra sentido a la luz de las críticas que la consigna de papeles para todos mereció por parte de Francia, Holanda y Alemania. Los países con más experiencia en inmigración ya advirtieron de un «efecto llamada» que afectaría a todo el espacio comunitario. Las estadísticas sobre entrada de irregulares y el drama diario de los cayucos han confirmado este diagnóstico fatal, que el Gobierno intenta ahora remediar acertadamente del único modo posible: cerrando pactos con Mauritania, Senegal y Marruecos para que actúen contra sus mafias, extremando el control de las fronteras y agilizando las repatriaciones.

Sin embargo, Zapatero no ha querido nunca abjurar en público del buenismo primigenio de su política migratoria, de tal modo que ayer varias ONG acusaron a Fillon poco menos que de mentir porque el presidente siempre les ha ratificado lo adecuado de aquella regularización. Puede que Zapatero mintiera a las ONG, o a Fillon; o puede que siempre diga a todo el mundo lo que quiere oír. Lo malo es que el silencio o la ambivalencia del presidente del Gobierno en este asunto en nada ayuda a revertir un efecto llamada de consecuencias imprevisibles para la convivencia, si un día la economía cambia de ciclo.