Siente que el mundo se le viene encima. Desde hace tres semanas tiene un nudo en el estómago que no se quita con nada. No consigue dormir. Leny está embarazada y no puede tener al bebé. Hace sólo cinco meses que vive en España y no tiene dinero ni trabajo. Además su marido, con el que llegó desde Bolivia, la ha dejado al enterarse de su embarazo. “Tú verás lo que haces’, me dijo, y se marchó”, cuenta con lágrimas en los ojos.

Pálida y algo despeinada agarra con fuerza su bolso mientras aguarda en la sala de espera de una clínica privada de Madrid. Está sola. Ha llegado hasta allí después de varios días de peregrinaje intentando ejercer su derecho a abortar. “Cuando decidí que no podía tener al niño fui al médico de cabecera para preguntar dónde debía ir, pero me dijo que abortar es un delito en España. No tengo papeles y tuve miedo de que me metieran presa. No he vuelto a aparecer por ahí”, explica aún un poco asustada.

Como a Leny, para muchas mujeres abortar se convierte en una odisea. Se enfrentan a la falta de información, al hecho de que el aborto, 22 años después de su despenalización, sigue siendo tabú, y a la dificultad de ejercer este derecho en la sanidad pública. Sólo el 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en hospitales públicos, y seis comunidades – Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla – La Mancha y Andalucía – no tienen ninguno que las realice. El problema es que, aparentemente, los médicos objetan.

Después del jarro de agua fría que había recibido, Leny no sabía dónde ir. “Una amiga me dijo que fuese a Cáritas, pero allí me explicaron que me podían ayudar en otras cosas, pero no en eso. Me volvieron a repetir que abortar es un delito”, asegura esta mujer de 28 años. “Me extraña que le hayan dicho eso”, dice una portavoz de Cáritas. “Nosotros no analizamos la parte legislativa del tema. Lo que hacemos es proponerle que cambie de opinión y ofrecerle alternativas. Independientemente de si el aborto está legalizado o no nosotros creemos en la familia”, sigue.

Alguien le dio varios números de teléfono de información del Ayuntamiento de Madrid y decidió llamar. Una vez más no obtuvo la respuesta que necesitaba. “Llamé al 010 y me dijeron que abortar está prohibido”, dice con los ojos muy abiertos. Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de los responsables de este servicio municipal.

Leny siguió llamando a otros números y después de varios intentos consiguió el teléfono y la dirección de una clínica privada. “Decidí ir allí para preguntar el precio. Tengo muchas deudas del viaje a España. Llegué a pensar hasta en tomar pastillas para ver si abortaba. Aquí no tengo a nadie”, explica entre lágrimas.

“Después de estudiar su caso vimos que su intervención podía cubrirla la seguridad social”, dice Luisa Torres, portavoz de la Clínica Dator, el centro al que Leny acudió. Torres lleva más de 20 años trabajando con mujeres que quieren someterse a interrupciones voluntarias del embarazo. Cuando en España abortar estaba prohibido organizaba viajes a Londres o a Amsterdam. Sin embargo, para ella el tema aún no está normalizado. “Además de la objeción de conciencia, hay mucha falta de información por parte de los médicos de atención primaria y los trabajadores sociales. A veces es verdaderamente por desconocimiento pero otras, esa desinformación esconde la ideología anti – abortista del profesional”, asegura. Además, en el caso de las mujeres inmigrantes aún es más complicado. “Utilizar la legalidad las hace más vulnerables, suelen carecer de una red social para contrastar la información que se les ha dado”, asegura.

Para Eva Rodríguez Armario, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la falta de información y, sobre todo de formación, es un gran obstáculo. “La sanidad pública no forma a los profesionales en el aborto. No se incluye en el programa educativo de médicos, enfermeros o trabajadores sociales, ni en la especialidad de ginecología”, explica. La ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos – grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto – es “extremadamente ambigua”, dice.

Fátima (nombre supuesto), también sufrió esa falta de información. Esta marroquí de 30 años tiene un embarazo de alto riesgo. Hace tan sólo 12 meses tuvo a su segundo hijo y la cicatriz de la cesárea que le hicieron aún le molesta. “El primero también lo tuve por cesárea y no quiero volver a arriesgarme”, explica. Su aborto también es de alto riesgo, está de 20 semanas, y sin embargo hasta que recurrió a un trabajador social para preguntarle por otro tema no supo que la Comunidad de Madrid podía cubrirle la intervención en una clínica privada. “Ya estaba pensando en cómo conseguir el dinero. Una amiga me aconsejó que tomara una píldora que te hace abortar, pero tuve miedo”, cuenta. Se refiere al Cytotec, un protector estomacal que se vende de manera clandestina como un remedio para abortar y que tiene graves efectos para la salud.

Leny y Fátima han conseguido ejercer su derecho al aborto en clínicas privadas con financiación pública. Además, lo han hecho dentro de su comunidad, algo que, en otras, como Navarra es imposible. Allí no existe ningún centro que practique estas intervenciones. Si una mujer de esta comunidad tiene que abortar, aunque en ocasiones la sanidad pública lo financie, tiene que recorrer cientos de kilómetros y desplazarse al País Vasco, Aragón o Madrid.

Es el caso de Ana López, una navarra de 41 años que hace un año tuvo que desplazarse a San Sebastián para someterse a un aborto. “Yo sabía que en Navarra no me lo podían hacer. Pero quería me hicieran el aborto farmacológico y pensé que en el centro de la mujer me lo solucionarían”, cuenta. No lo hicieron y una vez allí le explicaron que tendría que acudir a una clínica de fuera de Navarra. “Al final me fui al País Vasco y fue todo bien, pero los trastornos del viaje y los 500 euros que pagué no me los quita nadie”, cuenta Ana.

La semana pasada el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai e Izquierda Unida anunciaron que van a presentar una moción para que se solucione el problema del aborto en la región, la única que deriva todos los casos a otras comunidades. Semanas antes el Defensor del Pueblo declaraba que investigaría el problema del aborto en la sanidad pública. Y es que de los 91.664 abortos que se hicieron en 2005, sólo 2.668 se realizaron en hospitales públicos. El problema es la objeción de conciencia de algunos profesionales, algo que, según asociaciones de mujeres como la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas debe regularse. “De qué sirve la legalización del aborto si no hay funcionarios para ejercer este derecho”, dice también Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora. “Tendría que haber registros de objetores para saber con quién se cuenta y se tendrían que crear equipos médicos que garanticen este derecho en la sanidad pública”, sigue.

Javier Martínez Salmeán, jefe de servicio de ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) opina lo mismo: “En algunos casos la objeción de conciencia es una excusa para librarse de una parte del trabajo. Tendría que regularse”. Sólo el artículo 30 de la Constitución hace referencia al derecho a la objeción de conciencia, y en relación con el servicio militar obligatorio. Sin embargo, por ahora, el Ministerio de Justicia no tiene previsto regularlo.