WASHINGTON.— El asesinato de tres estudiantes afroestadounidenses en Newark por una pandilla de inmigrantes indocumentados, hace unas semanas, se convirtió en el símbolo de los problemas atribuidos a la migración irregular en Estados Unidos.

El asesinato llevó a las autoridades del estado de Nueva Jersey a adoptar una política que obliga a las autoridades municipales a preguntar a los detenidos por crímenes violentos —incluso asesinato, violación o manejar en estado de ebriedad— sobre su situación migratoria y, en caso de ser necesario, informar a las autoridades federales.

Nueva Jersey se convirtió así en el último de 34 estados de la Unión que han adoptado medidas para consignar la situación migratoria de delincuentes y reportar a las autoridades a aquellos que sean indocumentados.

Muchos de esos estados, especialmente aquellos con antecedentes de problemas raciales como Virginia, Carolina del Norte y Nueva Jersey, han sido escenario también de una marejada de medidas adoptadas por gobiernos municipales o locales para negar determinado tipo de servicios a indocumentados, o bien, para tratar de obligarlos a desplazarse.

Dos municipios de Virgina, Prince William y Loudoun, que de hecho son suburbios de Washington, la capital estadounidense, adoptaron las últimas semanas medidas para denegar servicios municipales a indocumentados.

Grupos de migrantes anunciaron que enfrentarían esas medidas con manifestaciones y un boicot comercial.

En el caso de Nueva Jersey, con todo, las autoridades fueron muy precisas en señalar que la policía no tiene derecho a indagar la situación migratoria de los testigos o las víctimas de los delitos.

La publicidad en torno a los asesinatos y las características migratorias de sus perpetradores llevaron ya a que el diputado Tom Tancredo, aspirante a la candidatura presidencial republicana y líder de un grupo antimigrante, se apersonara en Newark para denunciar a las autoridades locales por no haber notificado a la policía migratoria de los problemas legales de uno de los asesinos.

Por su parte las autoridades locales expresaron “resentimiento” por el intento de Tancredo y otros políticos para aprovecharse de un problema que en gran medida es representativo de delincuencia.

El pasado 4 de agosto, cuatro jóvenes universitarios que visitaban sus viejos lares en Newark fueron obligados a arrodillarse por desconocidos que les dispararon para robarlos. Tres murieron y la cuarta, Natasha Aeriel, sobrevivió herida de gravedad.

De los seis arrestados por los asesinatos dos son indocumentados, incluido el peruano José Lachira Carranza, que tenía en su haber tres arrestos.

WASHINGTON.— El asesinato de tres estudiantes afroestadounidenses en Newark por una pandilla de inmigrantes indocumentados, hace unas semanas, se convirtió en el símbolo de los problemas atribuidos a la migración irregular en Estados Unidos.

El asesinato llevó a las autoridades del estado de Nueva Jersey a adoptar una política que obliga a las autoridades municipales a preguntar a los detenidos por crímenes violentos —incluso asesinato, violación o manejar en estado de ebriedad— sobre su situación migratoria y, en caso de ser necesario, informar a las autoridades federales.

Nueva Jersey se convirtió así en el último de 34 estados de la Unión que han adoptado medidas para consignar la situación migratoria de delincuentes y reportar a las autoridades a aquellos que sean indocumentados.

Muchos de esos estados, especialmente aquellos con antecedentes de problemas raciales como Virginia, Carolina del Norte y Nueva Jersey, han sido escenario también de una marejada de medidas adoptadas por gobiernos municipales o locales para negar determinado tipo de servicios a indocumentados, o bien, para tratar de obligarlos a desplazarse.

Dos municipios de Virgina, Prince William y Loudoun, que de hecho son suburbios de Washington, la capital estadounidense, adoptaron las últimas semanas medidas para denegar servicios municipales a indocumentados.

Grupos de migrantes anunciaron que enfrentarían esas medidas con manifestaciones y un boicot comercial.

En el caso de Nueva Jersey, con todo, las autoridades fueron muy precisas en señalar que la policía no tiene derecho a indagar la situación migratoria de los testigos o las víctimas de los delitos.

La publicidad en torno a los asesinatos y las características migratorias de sus perpetradores llevaron ya a que el diputado Tom Tancredo, aspirante a la candidatura presidencial republicana y líder de un grupo antimigrante, se apersonara en Newark para denunciar a las autoridades locales por no haber notificado a la policía migratoria de los problemas legales de uno de los asesinos.

Por su parte las autoridades locales expresaron “resentimiento” por el intento de Tancredo y otros políticos para aprovecharse de un problema que en gran medida es representativo de delincuencia.

El pasado 4 de agosto, cuatro jóvenes universitarios que visitaban sus viejos lares en Newark fueron obligados a arrodillarse por desconocidos que les dispararon para robarlos. Tres murieron y la cuarta, Natasha Aeriel, sobrevivió herida de gravedad.

De los seis arrestados por los asesinatos dos son indocumentados, incluido el peruano José Lachira Carranza, que tenía en su haber tres arrestos.