La Comunidad Valenciana tiene 227 centros de primer ciclo de educación infantil para niños menores de 3 años, de los cuales el 64% son privados y están distribuidos con una evidente falta de planificación territorial ya que la provincia de Valencia concentra el 30% de la oferta. En paralelo, las subvenciones (para “atender a 60.000 familias”, según el consejero) no garantizan, ni de lejos, la prometida “gratuidad” del puesto escolar. Además, las 899.300 madres trabajadoras tropiezan con horarios poco flexibles que chocan con el mercado laboral. Esto, en una autonomía con 52.803 nacimientos (el 15% de trabajadoras extranjeras) en 2006 y una tasa de paro del 11,35%, un punto por encima de la media.

Conciliar la jornada laboral con la crianza de los hijos sigue siendo una asignatura pendiente. La apertura anticipada de escuelas de infantil entre las 7 y las 9 de la mañana – o más bien en las extendidas “guarderías” o llamadas ludotecas por su débil plantilla profesional – está prácticamente por desarrollar. Y depende, pues, de la capacidad familiar para poder pagar horas extra. Ni qué decir de la posibilidad de contar con horarios vespertinos más allá de las 5 de la tarde.

De manera que una trabajadora valenciana que – según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y de la patronal, cobra ya de por sí un 30% menos que su homólogo varón – y si es madre e inmigrante se verá obligada a trabajar entre 10 y 12 horas diarias – para obtener un ingreso mensual similar al salario mínimo por debajo de 600 euros – lo tiene realmente difícil en una comunidad donde sólo hay 227 centros, de los cuales “145 son privados y sólo 66 públicos”, según el último informe de CC OO. En los 66 públicos se incluyen las únicas 33 escuelas creadas en 1990, que hasta mayo pasado dependían de Bienestar Social.

Contrariamente a lo prometido por la Generalitat el 22 de noviembre de 2004 en la firma del pacto valenciano por el empleo Pavace, se ha acabado produciendo “una colaboración institucional entre la Administración y el sector privado”, según ha denunciado Pilar Paniagua, de CC OO. Un hecho fácilmente corroborable con una revisión somera del destino de las ayudas que la Consejería de Educación convoca anualmente para aquellos “centros autorizados”, que ascienden a 2,2 millones. El 70% de estas ayudas va a parar a guarderías privadas y de la Iglesia, dejando fuera decenas de solicitudes municipales. Además de que, lejos de transferirse directamente a las familias – para garantizar la “gratuidad escolar” ya que se solicitan por “alumno nominal matriculado” – éstas siguen pagando facturas mensuales de entre 290 y 310 euros por dejar al niño en horario estrictamente lectivo (de 9 de la mañana a 5 de la tarde) debido a la la falta de información pública, a la que sin embargo están obligados por ley los titulares.