El Gobierno regional ultima la Ley de Derechos y Deberes de los usuarios del sistema sanitario, una norma que, entre otras cosas, debe garantizar que los inmigrantes que se encuentran en situación irregular y no están empadronados puedan acceder a la sanidad pública. Sin embargo, el Consejo Económico y Social (CES) advierte en su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley que la actual redacción del texto «supone una restricción» con respecto a las pretensiones iniciales de la norma, porque «no se recoge el derecho a la asistencia sanitaria» de estos extranjeros, sino «la mera posibilidad» de su acceso a la sanidad pública.

Actualmente, los inmigrantes sin papeles que no están empadronados no tienen tarjeta sanitaria. Eso quiere decir que pueden acudir a las puertas de urgencias de los hospitales o a los servicios de urgencias de Atención Primaria, pero no tienen médico de familia asignado, ni pueden acceder como cualquier otro usuario a los centros de salud, salvo en el caso de enfermos crónicos, menores y mujeres embarazadas. Para solventar esta situación, la Consejería de Sanidad quiere crear una tarjeta sanitaria solidaria que les permitiría igualarse al resto de pacientes. El anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los usuarios del sistema sanitario, que dará cobertura legal a esta medida, establece en su artículo 20.3 que estos inmigrantes «podrán tener acceso, en tanto regularizan su situación, al conjunto de prestaciones y servicios sanitarios que ofrece el sistema público regional, de conformidad con los requisitos y procedimientos que, para su reconocimiento, se determine reglamentariamente». Estos términos son, para el Consejo Económico y Social, «una restricción» con respecto a la resolución de la Asamblea Regional en la que se instó a la elaboración de esta ley, porque «no se recoge» de forma expresa «el derecho a la asistencia sanitaria» de estos inmigrantes indocumentados.

Además, el dictamen del CES advierte de que «se deja abierta la posibilidad del establecimiento de requisitos, al margen de la carencia de recursos económicos, que puedan suponer una restricción de este acceso». La Consejería de Sanidad está ahora estudiando el dictamen del CES. Ayer, un portavoz defendió que, en cualquier caso, «el anteproyecto garantiza la universalización de la atención sanitaria y el derecho a recibir asistencia más allá de cuestiones semánticas».