El buque oceánico de Interior, que ha costado 7 millones de euros, empieza su misión

ABC, 24-08-2007

CRUZ MORCILLO/ERENA CALVO

MADRID/LAS PALMAS. El viejo palangrero japonés comprado por el Ministerio del Interior para el control de cayucos tiene previsto zarpar hoy desde el Astillero del grupo Armón de Burela (Lugo) con destino a la base naval de Las Palmas. El buque oceánico, el primero con el que cuenta la Guardia Civil, fue adquirido hace varios meses por un millón de euros a un particular y la remodelación, externa, puesto que el motor de 1984 se conserva, ha costado unos seis millones más, según las fuentes consultadas por ABC.

El «alto coste» final, junto con la tripulación contratada – en su mayoría marinos mercantes a cuyas órdenes navegarán seis agentes del Cuerpo – , y la escasa «idoneidad» del barco – no superó los once nudos de velocidad en las pruebas – han provocado malestar en el Servicio Marítimo del Instituto Armado, como publicó ABC.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil, reiteran que no cuentan con funcionarios habilitados para tripular un barco como el «Río Miño» (51 metros de eslora), aunque se hará en el futuro vía formación con Marina Mercante y la Armada o con contrataciones de personal facultativo. Según estas fuentes, la misión del buque, que navegará en aguas internacionales veinte días al mes, no está enfocada a «rescatar cayucos». Sin embargo, en las obras de remodelación al «Río Miño» se le ha abierto una compuerta en el costado de estribor y se ha rebajado para facilitar las labores de Salvamento; además, cuenta con una sala habilitada para albergar a los inmigrantes.

Todavía le falta un pequeño detalle para convertirse en la «estrella» de la flotilla destinada a frenar cayucos y pateras: no se ha instalado aún la cámara térmica que detecta la presencia humana por el calor, pese a que en teoría el barco ya está completamente equipado, luce las letras de la Guardia Civil y la bandera de España y empezará su misión en unos días.

Dado el repunte de cayucos que se ha producido esta semana – han llegado más de medio millar de «sin papeles» a Canarias – es previsible que al «Río Miño» no le falte trabajo, aunque el discurso triunfalista esbozado ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, abra la puerta a la duda. «Hemos estado tres semanas sin ninguno. El sistema de seguridad de las costas de África, de Senegal y de Mauritania funciona. Ha sido un mes de agosto excepcional porque es cuando más trabajan las mafias. El año pasado llegaron 24.000 y este año 8.000», declaró en la «Cadena Ser».

No fue el único. Después de una sequía informativa en inmigración de semanas, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, no escatimó ni un dato, casi todos muy favorables. En lo que va de año han llegado a las Islas 131 embarcaciones con 6.254 personas, un tercio de las que lo lograron en 2006 y en ese mismo periodo los medios de la Agencia europea de fronteras unidos a los de la Guardia Civil han interceptado a 5.056 personas en Mauritania, Senegal y Cabo Verde (se incluyen también los inmigrantes que estaban «cogiendo el cayuco» y aún no habían salido). En estos momentos el despliegue de medios en esos países es uno de los más abultados que se han llevado a cabo, pero aún dista mucho del comprometido por la UE.

Segura pidió que se reconozca el trabajo de los agentes desplazados a África y destacó que hace dos días habían llevado a cabo un rescate de 188 irregulares a unas 60 millas de Dakar – hace semanas que Interior no informa cuando se producen estas operaciones, pero el delegado del Gobierno no dudó en culpar al mensajero – .

Tanto Rubalcaba como Segura ensalzaron las repatriaciones (el martes fueron deportados 409 personas a Senegal y Marruecos en siete vuelos), pese a las protestas policiales surgidas durante estos días sobre la forma en la que se llevan a cabo y la fuga de una treintena de inmigrantes que escaparon del centro de internamiento de Fuerteventura al enterarse de las intenciones del Gobierno. «Rompieron los barrotes y escaparon», concretó Segura, tras reiterar que ningún inmigrante se queda en las Islas. Ni tampoco menores. De forma inminente, dice, más de 300 traslados a la Península.

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