El verano es propio para que las cifras adquieran valor y suelen ser mágicas en manos de los periódicos. Ayer el delegado del Gobierno en Canarias insistía en los números para amortiguar el repunte de la inmigración en los últimos meses. Frente a los que llegan, los cinco mil que han sido interceptados en las propias costas de los países africanos adquieren mucho más valor. Pero el valor de la política de inmigración no está en las cifras, sino en las medidas. Y en ese sentido nada queda de aquel PSOE de papeles para todos. Las cifras de expulsiones se convierten ahora en un talismán de la comunicación cuando en otro tiempo eran inhumanas y España era un país de oportunidades. Los socialistas han robado el discurso al PP y ahora parecen dispuestos a traspasar todos los límites que sus propios principios han impuesto en el tratamiento del fenómeno de la inmigración. Ayer, por ejemplo, se conocía el borrador del protocolo de expulsión que prepara el Ministerio del Interior para la repatriación en el que se consagra la legalidad del uso de la fuerza para la repatriación, al que hay que añadir cierto tono de clandestinidad de estas actuaciones frente a los países vecinos. La futura directiva permite que los funcionarios policiales puedan reducir a los «repatriados que se resistan» con «lazos de seguridad» (bridas de plástico), «cascos», «prendas inmovilizadoras homologadas», «cinturones», «esposas o similares» e, incluso, «cinta reforzada», más conocida con el nombre comercial de «cinta americana». Todo ello, siempre, con las máximas garantías para los derechos de los inmigrantes; y eso sí, impidiendo que los niños lo vean. Se trata de un texto que hecho por el PP y en manos del PSOE en la oposición hundiría España en una crisis de dimensiones incalculables.

No creo que este protocolo sea para rasgarse las vestiduras. Toda actuación policial en la que se impide la libertad de movimiento, es de naturaleza violenta y el acto de la expulsión lo es. Lo que hace el Ministerio con este protocolo, por muy crudo que parezca, es poner por escrito y regularizar una práctica para la expulsión de los inmigrantes, que de otro modo sería imposible. Ahora bien, hay que reconocer que la política sobre inmigración ha cambiado mucho en el PSOE y este es el tipo de cuestiones que pone en su sitio esa superioridad moral de la que hacen gala algunos miembros del Gobierno de Zapatero frente al resto del mundo cuando hablan de la condición humana. El gobierno de Zapatero, con las expulsiones, hacen exactamente lo mismo que hace cualquier estado democrático para la defensa de la seguridad de sus fronteras. Los socialistas hacen exactamente lo mismo que hizo el PP y con los mismos recursos del Estado, e incluso con mayor firmeza, pero cuentan con el beneficio del perdón y la complicidad.

Al margen de los cambios de rumbo en las convicciones por la fuerza de la práctica en materia de inmigración, lo que es real es que la única medida disuasoria es la expulsión y que ésta es la piedra angular de la política del Gobierno en esta materia. Precisamente la que ideológicamente rechazó siempre.