SI ALGO CARACTERIZA a los números es su maleabilidad, lo que los convierte en perfectas excusas ante cualquier acontecimiento de la vida. Bien lo sabe la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que se ha apresurado a informar de una supuesta reducción de la llegada de pateras y cayucos en un momento en el que el Archipiélago sufre una nueva avalancha de inmigrantes. Por supuesto, los datos que maneja la señora Rumí, que le han servido para curarse en salud, se circunscriben a los más rígidos registros burocráticos, tan lejanos a la realidad en tantas ocasiones. Es el caso de la que nos ocupa, porque las estadísticas ministeriales olvidan los miles de vidas que con seguridad se cobra el Océano. Pero esa tendencia de la responsable estatal a eludir toda responsabilidad, y de paso a salvarle la cara al Gobierno de Rodríguez Zapatero, no nos causa sorpresa alguna, porque evidencia el continuismo de unos puntos de vista sobre Canarias y la inmigración que coinciden con los de anteriores responsables de ese departamento y, en definitiva, con la filosofía de los dos grandes partidos estatalistas, PSOE y PP.

Las dos principales formaciones políticas españolas se han especializado en capear el fenómeno de la inmigración ilegal al Archipiélago de la mejor forma posible, las más de las veces aportando cifras y más cifras que les den una razón que no tienen, porque no existe argumento alguno que explique la desidia gubernamental que no sea la consideración del Archipiélago como un territorio de segunda o tercera clase. A estas alturas no albergamos duda alguna acerca del dinamismo político y de medios que caracterizaría al Ejecutivo estatal si la avalancha de embarcaciones afectara a cualquiera de los puntos neurálgicos del territorio peninsular. Canarias está, más que nunca, sola frente a un problema que se acrecienta, sencillamente porque la administración estatal entiende que se trata de un fenómeno inherente a las islas por su posición geográfica. En otras palabras: a Madrid le da absolutamente igual que sigan llegando africanos a las Islas a pesar de que en el intento se pierden miles de vidas, de la falta de recursos para atender a quienes alcanzan las costas y de la afección a otras realidades de la cotidianidad del Archipiélago, que poco a poco empieza a resentirse ante lo que puede considerarse como un cambio brusco de su modelo tradicional de vida.

Suscribimos en su totalidad el artículo publicado el pasado martes en este periódico por el ex concejal Fernando D. Rossi Delgado en el que subraya que ningún gobierno estatal se ha preocupado de la invasión del territorio canario, del desplazamiento de la cultura isleña por otras foráneas, de la pérdida constante de empleo a favor de los inmigrantes o del rechazo de solicitudes de viviendas oficiales a favor también de los recién llegados, además del desvío de medios materiales de los sistemas judiciales y sanitarios y de padecer, como consecuencia de la llegada masiva de foráneos, un sistema educativo al borde de la anarquía en muchos municipios. Si todo esto ocurre es, sencillamente, porque este Archipiélago Atlántico está muy lejos del lugar donde se toman las decisiones. Por ello ha llegado el momento, tras seiscientos años de olvido, de que estas Islas enclavadas en mitad del Océano se dirijan al encuentro de sí mismas.