La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz denunció ayer que la Subdelegación del Gobierno realiza “prácticas irregulares” en los procedimientos de expulsión de inmigrantes , ya que se llevan a cabo “antes de que acabe el plazo para recurrir” que tienen los extranjeros.

El abogado especialista en inmigración de esta entidad, Diego Boza, indicó que esta situación, que ya denunciaron a finales de julio, “se sigue produciendo”, y aseguró que están obteniendo “sentencias contrarias a la expulsión incluso cuando los inmigrantes ya han sido repatriados”.

Éste es el caso de Josiane Aparecida de Lima, una joven brasileña de 26 años que reside ilegalmente en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y que el pasado día 13 fue “retenida en la comisaría de Cádiz, a la que tiene que ir a firmar todos los lunes, y fue enviada al aeropuerto de Barajas de Madrid para ser enviada a su país”.

Según la familia, tenía de plazo hasta el 2 de septiembre para recurrir el auto de expulsión, y cuando su cuñada fue a la comisaría para preguntar por ella “también la retuvieron”.