Una de cal y otra de arena. Esto es lo que ha recibido una vez más el Gobierno español de las autoridades marroquíes. El Ministerio de Asuntos Sociales ha anunciado que a partir de septiembre se hará efectivo el convenio de repatriación de menores no acompañados suscrito con Marruecos hace varios años – y sistemáticamente incumplido por éste – . Así, en sólo unos días, miles de menores de edad que se encuentran en situación irregular en nuestro país serán devueltos. El ministro Jesús Caldera se felicitaba exultante días atrás por los avances en la colaboración marroquí. Sin embargo, el acuerdo sellado supone un absoluto desprecio a la soberanía nacional por parte de nuestro vecino, ya que Ceuta y Melilla quedan al margen del mismo. Dado que Marruecos considera a las dos ciudades autónomas «territorios ocupados», no acepta la entrega de ninguno de los cientos de chavales que permanecen en sus centros de acogida, que sufren una saturación insoportable. Caldera, en un ejercicio de cinismo, trató de justificar lo inadmisible diciendo que no es posible repatriar a los menores de Ceuta y Melilla, por no existir en ellas consulados marroquíes, lo que provocó la indignación de las autoridades de ambas ciudades y una pregunta parlamentaria del PP. Es hora de que el Gobierno se preocupe por abordar la inmigración como un asunto de Estado y deje de actuar sólo pendiente de que Marruecos no se sienta agraviado. Y lo más urgente es exigirle que cumpla sus acuerdos en el 100% del territorio nacional. Lo contrario es una humillación más para todos.