La llegada de casi 400 emigrantes ilegales a nuestras costas en los últimos días y la dramática muerte en plena travesía de once de ellos ha reabierto la reprobable controversia entre el Gobierno y la oposición en torno a la respuesta ante un fenómeno con palpable repercusión social. El titular de Trabajo, Jesús Caldera, incidió ayer en que la última oleada de cayucos no impide que éste sea el año con menor número neto de arribadas contabilizadas desde 2001. La afirmación se ajusta a los datos disponibles, a la espera de lo que termine de deparar el verano. Pero el positivo cambio de tendencia no puede soslayar la tragedia cotidiana de quienes continúan perdiendo la vida en viajes carentes de la más mínima garantía, ni encubrir la realidad de la inmigración que aflora en las playas canarias y, por extensión, en el litoral granadino y murciano.

Conviene recordar, junto a ello, que las estadísticas se refieren a los ocupantes de las pateras, que constituyen una pequeña parte de quienes cruzan clandestinamente nuestras fronteras; el 80% lo hacen por vía aérea y también por las rutas terrestres, en muchos casos como aparentes turistas que luego se transforman en ciudadanos sin la documentación en regla. Según los informes de la Comisión Europea, España y Grecia son los únicos estados comunitarios en los que creció la inmigración ilegal a lo largo del pasado año, con 40.000 viajeros interceptados en territorio español y 82.000 en el helénico. Aunque en los últimos meses se haya contenido la presión migratoria sobre el archipiélago canario, ni el drama humano que soporta puede recibir una atención rutinaria, ni el hecho de que disponga del 80% de las plazas en centros de acogida debe conducir a una saturación asumida como inevitable. Las instituciones comunitarias calculan que al menos medio millón de personas entran cada año ilegalmente en la UE. Sólo la entidad de esa cifra y las consecuencias personales, sociales y económicas derivadas de ella deberían incentivar el aún insuficiente compromiso europeo en la adopción de una estrategia común. Una política que redunde en un refuerzo del control de fronteras menos dependiente de la voluntad arbitraria de los estados concernidos, una progresiva armonización de las distintas legislaciones para ganar eficacia e iniciativas que favorezcan las denuncias contra las redes de tráfico de seres humanos.