El juez decretó ayer el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del joven rumano que el pasado domingo fue detenido tras apuñalar a su ex pareja en la playa de Gandia. El auto de la orden de protección establecía la puerta de una discoteca, cerca de donde murió, como punto de intercambio del hijo entre los progenitores. No obstante, debía ser una tercera persona la encargada de llevar al menor al citado punto. La puerta de una conocida discoteca de la playa de Gandia era el lugar que el juez había aceptado para que el hijo de Sorina –la joven rumana asesinada el pasado domingo– fuera entregado a su ex compañero para pasar con este el fin de semana, según se recoge en el auto de la orden de protección del juez al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

El intercambio debía de producirse a través de “una persona de recíproca confianza mientras esté en vigor la orden de alejamiento en el domicilio en el que resida la madre”, indica el escrito judicial. La medida establecía que el padre tenía el derecho de visita en fines de semanas alternos desde las 10 horas del sábado hasta las 20 horas del domingo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) explicaron en un comunicado ayer que para “preservar el secreto del domicilio de la madre” el intercambio debía realizarse en un lugar público que se establece y se hace constar en la resolución – “por ahora la entrada de la discoteca Cocoloco”– aunque la nota del TSJCV omite el sitio al que el juez dio el visto bueno.

No obstante, las mismas fuentes jurídicas argumentan que el punto de encuentro familiar de Gandia –lugar habilitado para estos trámites– permanece cerrado durante una parte del mes de agosto y “no podía efectuarse allí la entrega y recogida del menor durante la mitad del periodo de vigencia de las medidas de protección”. Además, al parecer, la mujer había rechazado que el intercambio se produjera en las citadas dependencias controladas por Justicia, en este caso, una guardería.

La Generalitat gestiona actualmente una decena de puntos de encuentro en diferentes municipios de la Comunitat, aparte de otros tres establecimientos de este tipo, cuya gestión corresponde a los Ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante.

Puntos de encuentro

Todos los lugares que dependen directamente del Consell cierran del 6 al 20 de agosto, pero desde la Conselleria de Justicia indican que el juez conoce con suficiente antelación estas fechas y se puede fijar como punto de intercambio “una comisaría o un cuartel, lo que se hacía habitualmente hasta la creación de estas dependencias”, recordaron fuentes de la Conselleria. Desde el departamento autonómico se acordó que cerraran durante el citado periodo porque en verano “lo habitual es que el régimen general estipule que el menor pasa un mes con cada uno de los padres o muy excepcionalmente por quincenas”.

El joven rumano, Marian Zamfir, fue detenido el pasado domingo como autor de la muerte de su ex compañera en Gandía tras apuñalarla cerca de las 20 horas. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la localidad decretó ayer su traslado a la penitenciaría, comunicada y sin fianza. El instructor ha abierto una causa por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa.

La postura de la joven víctima resulta difícil de comprender por una persona que no haya sufrido malos tratos. Sorina había rechazado previamente la posibilidad de estar en un piso tutelado o el cambio de residencia para que su agresor no pudiera saber su paradero. Tras denunciar la agresión continuada por parte de su ex compañero el 17 de julio, la joven recibió asesoría en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de la ciudad, por recomendación del juzgado, según la concejal de la Mujer, Liduvina Gil.

Cambio de residencia

En la oficina se le ofreció la posibilidad de fijar su residencia fuera de la localidad para vivir lo suficientemente alejada de su agresor. Pero ella lo rechazó y decidió vivir en la playa de Gandia junto a una familia de ecuatorianos, a la que pertenece el joven apuñalado, que evoluciona favorablemente.

La víctima recibió además asesoramiento en otros departamentos del Ayuntamiento de Gandia como el de Cooperación y Desarrollo en el que iban a tramitarle los documentos acreditativos de su identidad ya que su ex pareja se había quedado con toda la documentación. Por fin, en el departamento de educación le informaron de que en septiembre podía matricular a su hijo en una escuela municipal.

Quería retirar la denuncia

Tras realizar todos los trámites y con la orden de alejamiento dictada por el juez la joven ya insinuó en la oficina de las víctimas del delito que deseaba retirar la denuncia por agresión continuada, pero la convencieron de lo contrario porque en caso de que lo hiciera resultaba más difícil actuar contra el agresor en un posible juicio.

“En ocasiones las víctimas de la violencia doméstica tienen miedo de sus agresores o les da pena la situación y creen que retirando la denuncia pueden mejorar las cosas”, indicó la edil.

Días más tarde, el 30 de julio, pidió en el juzgado que se dejara sin efecto la orden de protección, además de solicitar el archivo del procedimiento. No obstante, el procedimiento judicial se mantuvo abierto, así como la vigencia de la orden de protección.

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