Mientras el ministro Jesús Caldera sacaba pecho, asegurando que cada vez llegan menos cayucos a España, pese a «episodios puntuales», proseguía la segunda mayor oleada de inmigrantes del año hacia nuestras costas. Desde el domingo han llegado más de 400, y al menos 13 han perdido la vida. El Gobierno reaccionó ayer con la expulsión de cientos de personas a Senegal, lo que provocó airadas quejas del Sindicato Unificado de Policía, que incluso aconsejó a sus compañeros que no subieran a los aviones de repatriación, como protesta por las duras condiciones que han de soportar. Aunque al final todos los agentes cumplieron con su obligación, la protesta viene a confirmar los muchos errores cometidos al abordar la inmigración ilegal. Porque ni sirve minimizar el problema, como trata de hacer el Gobierno, ni agilizar las expulsiones a costa de la merma de los derechos laborales de los policías.