Nos llenamos la boca a menudo sobre la economía sumergida, sobre el submundo en el que están implicados los inmigrantes ilegales, es decir, todos aquellas personas que, aun careciendo de documentación, llevan a cabo una labor profesional remunerada (mal remunerada, a menudo) y de ningún modo reconocida, sea por negligencia, por desidia, por comodidad o por mala fe.
En un plato de la balanza está, por descontado, la insensibilidad de algunos empresarios que aprovechan la ocasión para aumentar sus beneficios a toda costa, aunque sea a través de la utilización fraudulenta de una mano de obra dócil, barata e inquieta ante la posibilidad del chantaje. En el otro, ese temor ostensible de buena parte de la inmigración que acepta unas condiciones draconianas porque es la única vía posible para entrar en el mercado laboral y aspirar a una vida mejor para ellos y para los suyos. Lo que sucede es que, muchas veces, la situación se vuelve insostenible: afecta no sólo a la integridad moral de las personas sino incluso a su salud. Lo que era un exceso de poder se torna en flagrante humillación, hasta que alguien dice basta.
Es en estos casos, como los que hoy publica EL PERIÓDICO, cuando las estadísticas devienen cruda realidad, experiencias tangibles que nos afectan a todos. La posibilidad de que el trabajador en situación ilegal utilice los mecanismos que la ley pone a su disposición para impedir los abusos no debería ser una excepción sino una norma que coadyuvaría a la extensión de unas relaciones laborales más sensatas y más ajustadas al cumplimiento de los mínimos derechos humanos exigibles.
La disolución de este tipo de manejos, desde la picaresca más retrógrada a la mafia más organizada, pasa inevitablemente por una mayor información del trabajador, por una más alta confianza en las posibilidades del marco legal, y por un sistema que privilegie la claridad de los compromisos entre las partes y la implicación de la administración en la lucha contra el fraude. Todo ello revertirá no sólo en un aumento del compromiso de legalidad y en una mayor defensa de la dignidad del trabajador, sea o no inmigrante, sino en una más alta consideración de todos aquellos empresarios que mantienen sus negocios con un compromiso eficiente por el respeto hacia los mecanismos que regulan las relaciones laborales.