BILBAO. DV. Ochenta mujeres que fueron presuntamente maltratadas por sus parejas en Euskadi durante el primer trimestre de este año desistieron de declarar contra los agresores y de continuar el proceso judicial. Así lo reconoce un estudio realizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del que también se desprende que el 33% de las órdenes de protección concedidas por los jueces de la comunidad autónoma durante el mismo periodo correspondieron a maltratadores extranjeros, mientras que los inmigrantes apenas representan el 4,6% de la población.

Según el Observatorio, un órgano creado por el Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de este año se contabilizaron en Euskadi, además de una mujer asesinada en Zorroza, otras 936 denuncias de violencia de género, de las cuales 267 requirieron medidas de protección supervisadas por los jueces. En dos de cada tres casos, el atestado se puso en marcha por iniciativa de las propias víctimas, que acudieron principalmente a las comisarías de la Ertzaintza y de las policías locales, y en menor medida a los juzgados de guardia.

En cambio, el resto de las denuncias de malos tratos partió de los funcionarios policiales que acudieron en auxilio de las mujeres o fueron interpuestas como consecuencia de un parte de lesiones. Además, al examinar las estadísticas del Observatorio, que han sido elaboradas con datos del Tribunal Superior del País Vasco, llama la atención que 21 episodios de malos tratos (2,3%) tuvieron que ser destapados por los familiares de la persona maltratada.

Quebradero de cabeza

La indecisión de las víctimas – achacable al miedo que les infunden los agresores, a la dependencia afectiva que las mantiene unidas a esos individuos y a las escasas alternativas que ofrecen las instituciones – se ha convertido en un quebradero de cabeza para los jueces y los policías. Durante el primer trimestre de este año, las ochenta mujeres maltratadas que, una vez formulada la denuncia, no llegaron a actuar judicialmente contra los agresores representaron el 8,55% de los casos de violencia de género registrados en los tribunales de Euskadi.

Esa cifra preocupa al Tribunal Superior del País Vasco, a pesar de que, realmente, desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, la proporción de denuncias retiradas ha retrocedido ligeramente en Euskadi, pues en 2004 ascendían al 11,5% del total. Si el ritmo de desistimientos del primer trimestre de 2007 se mantiene hasta el final del año, el balance final rondará los 320 casos y también será inferior al de 2005, cuando los jueces contabilizaron 335.

El último episodio de este tipo conocido en el País Vasco se produjo en Vitoria el pasado 11 de agosto, cuando un policía local presentó una denuncia contra un individuo por haber propinado dos bofetadas a su novia. El agresor, y luego la mujer, aseguraron al agente que se estaba inmiscuyendo en una discusión de pareja, pero el funcionario decidió levantar un atestado. Dos meses antes había sido asesinada en Vitoria una mujer ecuatoriana, Asunción Villalba, que había retirado una denuncia contra su pareja en 2002. Ambos reanudaron la convivencia, y el individuo la acuchilló cinco años después, cuando ella le denunció de nuevo por malos tratos de carácter psicológico.

El celo de la Ertzaintza, de la Policía local y de los jueces no son suficientes para castigar a un maltratador. Un expediente de violencia sexista puede arrancar sin el concurso de la víctima, pero a ella le asiste luego el derecho de testificar o no contra su pareja. Por ese motivo, el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, a la sazón coordinador de los juzgados de violencia de género en el País Vasco, respalda la propuesta de reformar la legislación de tal manera que las mujeres agredidas no puedan negarse a declarar ante el fiscal y el juez, una medida que reduciría las posibilidades de que se echaran atrás.

La autonomía donde más víctimas desisten de seguir un proceso judicial – en proporción al conjunto de denuncias – es Canarias (14%). Le siguen Baleares (13,3%), Navarra y La Rioja (ambas con el 12%), Aragón (10,73%) y Andalucía (10%). Por el contrario, los índices de renuncia más bajos se registran, en Cataluña (6,6%), Galicia (6,9%), la Comunidad de Madrid (7,7%), Cantabria (8,48) y Euskadi (8,55%).

Colectivo extranjero

La comunidad vasca también tiene una tasa de denuncias relativamente reducida (4,37 por cada 10.000 habitantes), a gran distancia de Baleares (11,50), Canarias (9,54), Andalucía (8,04), Madrid (7,54), Murcia (7,34), Valencia (7,01) y Cataluña (6,09). Según el Observatorio, esas siete autonomías acapararon el 75% de las órdenes de protección aprobadas por los jueces entre enero y marzo pasados.

Precisamente, el Poder Judicial ha alertado sobre el protagonismo del colectivo inmigrante en las órdenes de protección, que ascendieron a 8.704 en toda España durante el primer trimestre de 2007. El Observatorio ha comprobado que, de todas ellas, la tercera parte estaban dirigidas contra maltratadores extranjeros. Esa proporción se repitió también al repasar la nacionalidad de las mujeres agredidas y resulta especialmente llamativa para los jueces porque triplica el peso que los inmigrantes tienen en el conjunto de la población (9,3%).

En Euskadi, casi un tercio de las víctimas que consiguen una orden de protección, así como un tercio de los maltratadores, tampoco son españoles, lo que supone una presencia seis veces superior a la que los extranjeros tienen en el padrón (4,7%). En las comunidades de Madrid y Murcia, la mitad de las órdenes están dirigidas contra extranjeros, índice que casi cuadriplica su peso en el censo.