Pero la amenaza está ahí: los patrones que no cumplan con estas disposiciones y contraten a trabajadores indocumentados serán sancionados económicamente y se harán acreedores a sanciones penales.

Exageran quienes dicen que la economía del país se paralizaría si la administración de George W. Bush llegara a aplicar el conjunto de 26 medidas antiinmigrantes, 18 de las cuales son punitivas, que anunció la semana pasada. Lo que sí es posible es que el efecto que estas tendrían en sectores como la agricultura, la construcción, la industria del vestido, la de la hospitalidad, sería devastador. Lo asombroso es que a pesar de que tanto el presidente Bush como los secretarios de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, admiten que una aplicación rigurosa del paquete que proponen tendría consecuencias desastrosas, la administración insista en implementarlo.

Tampoco resulta fácil de entender, sobre todo para quienes creímos en la sinceridad de una administración que hace apenas unos meses argumentaba en el pleno del Congreso que el desvencijado sistema migratorio nacional exigía una solución integral que considerara al mismo tiempo la legalización de los indocumentados, el reforzamiento de la frontera y un programa de trabajadores huéspedes que mantuviera competitiva a la economía nacional, cambie ahora la tonada, abandone el tema central de la cuestión migratoria que era la legalización y actúe como alcahuete de la extrema derecha del país concentrándose en las medidas punitivas contra trabajadores indocumentados y patrones.

¿Cómo creerle a la administración de Bush cuando el propio Chertoff le informa al país que la política de mano dura no es sino una nueva estrategia para obligar al Congreso a avanzar finalmente con la reforma migratoria integral?

Ahora resulta que la administración que fue incapaz de conseguir los votos republicanos necesarios para aprobar la reforma migratoria ha descubierto que solo habrá reforma cuando los congresistas no toleren la presión de los cabilderos de industrias claves que dependen, desproporcionadamente, de la mano de obra barata de los indocumentados.

Otro tema preocupante es el empeño por facilitar la contratación de trabajadores huéspedes que vengan, hagan su trabajo duro y barato y se regresen a su país porque no deja de tener cierto dejo racista. Estados Unidos seguirá siendo un país de inmigrantes, pero no de inmigrantes pobres que solo pueden ofrecer su fuerza de trabajo.

Del nuevo paquete, se destacan aquellas medidas que endurecen las normas para la contratación de trabajadores obligando a las empresas a verificar en un plazo de 90 días el status migratorio de los trabajadores con números de seguro social que discrepan con la base de datos del gobierno. De acuerdo con el plan, la Administración del Seguro Social enviará unas 140,000 cartas al año hasta cubrir un total de 8 millones de personas.

El problema con esto, que en principio suena manejable, es que si algo demuestran las experiencias previas de papeleo entre la oficina del Seguro Social y los empleadores es que el elevado margen de error de los datos oficiales que maneja la agencia gubernamental es altísimo y el desastre que estas fallas le han causado a empleadores y empleados. Entre otras razones por el altísimo número de mujeres que al casarse adoptan el nombre del marido y nunca avisan del cambio a la oficina del Seguro Social. Pero la amenaza está ahí: los patrones que no cumplan con estas disposiciones y contraten a trabajadores indocumentados serán sancionados económicamente y se harán acreedores a sanciones penales.

Respecto al reforzamiento de las fronteras, aparte de la construcción de muros y barreras y de la colocación de cámaras fotográficas y torres con radares en la frontera sur ya aprobados por el Congreso, el nuevo paquete contempla aumentar a 20,000 el número de agentes fronterizos para 2009; expandir el cupo del espacio carcelario para detenidos por violaciones a las leyes migratorias y prohibir la entrada al país a pandilleros reconocidos. También dicen que harán más esfuerzos para identificar a las personas que permanecen en el país después del vencimiento de su visa.

Una de las medidas que más aristas tiene es la que establece que las policías estatales y municipales serán entrenadas para cumplir tareas migratorias. Entre otras cosas, porque hace caso omiso de la recomendación de jefes de Policía, políticos y líderes comunitarios que desde hace décadas han señalado que cambiar el perfil de la Policía local tendría un efecto tremendamente negativo en las investigaciones que realizan en las comunidades de inmigrantes porque se perdería la confianza.

¿Qué clase de amor apache es este que nos receta ahora la administración de Bush apoyando medidas que van a generar un caos laboral, económico, burocrático y sobre todo humano al incrementar las deportaciones, separar familias y dislocar empresas dizque para salvar al país de sí mismo?