El imán condenado por explicar cómo pegar a la mujer abre sede en Ceuta

ABC, 16-08-2007

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CEUTA. El imán de Fuengirola Mohamed Kamal Mustafá, que saltó a la fama hace tres años tras ser denunciado y condenado a prisión por explicar en un libro cómo pegar a las mujeres sin dejarles marcas, ha abierto una sede de asesoramiento social y familiar en Ceuta, para responder a la demanda de musulmanes residentes en la ciudad autónoma que se dirigían a él en la localidad malagueña, informa Otr.

La Comunidad Islámica Suhail de Fuengirola, en Málaga, que preside el imán Mohamed Kamal Mustafa, ha decidido abrir un local de asesoramiento en Ceuta en materia social y familiar. Según explica el propio Kamal Mustafa muchos musulmanes ceutíes «acudían asiduamente a la mezquita de Fuengirola a resolver diferentes problemas como la obtención de actas de matrimonio o a recibir fatwas», pronunciamientos legales basados en la jurisprudencia islámica emitidos por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica como puede ser el reparto de una herencia, la formalización de un matrimonio, la gestión de un negocio u otras cuestiones sociales.

Kamal, nacido en Egipto y licenciado en la ley islámica en ese mismo país y Arabia Saudí, saltó al primer plano de la actualidad hace siete años, cuando publicó el libro «La mujer en el Islam» y fue denunciado por un centenar de asociaciones de mujeres, varias de ellas de féminas islámicas.

Pegar sin dejar marcas

El imán de Fuengirola fue condenado a un año y tres meses de cárcel en 2004 por incitar a pegar a las mujeres en un libro titulado «La mujer en el Islam». En él, Kamal aconsejaba cómo agredir físicamente a las mujeres sin dejar rastro. En la sentencia se argumentó que el libro, cuyos ejemplares fueron retirados del mercado, resumía un «machismo obsoleto» y vulneraba «abiertamente» el principio de igualdad entre hombre y mujer, además de «herir la sensibilidad social». Tras pasar 20 días en la prisión de Alhaurín fue liberado por orden de la Audiencia de Barcelona, quien le conmutó la pena, pese a la abierta oposición del Gobierno, por seguir un curso formativo de seis meses sobre los derechos recogidos en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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