S. R.

ALBACETE. El Partido Popular anunció ayer que presentará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir la creación de un protocolo de actuación para los casos de asentamientos de inmigrantes como el que se mantiene en el municipio albaceteño de La Herrera, concretamente en la zona de seguridad del trasvase Tajo – Segura. Esta iniciativa, que será presentada por los diputados del PP por Albacete, pretende que el Gobierno de Rodríguez Zapatero redacte ese protocolo en colaboración con las comunidades autónomas, según explicó el diputado albaceteño Héctor Esteve. El campamento de ciudadanos rumanos que desde el pasado mes de julio permanece instalado en La Herrera tiene actualmente 400 habitantes, aunque ha llegado a tener más de 2.000 personas.

Por ello, el parlamentario del PP recalcó ayer en rueda de prensa la necesidad de establecer las medidas adecuadas para coordinar las actuaciones cuando vuelvan a producirse asentamientos, al tiempo que denunció «la falta de previsión de la Administración central». Esteve lamentó además la falta de explicaciones de la responsable de inmigración en el Congreso, Pilar López, quien ha intervenido en casi todos los debates sobre inmigración, pero lamentamos su silencio cuando el problema se ha producido aquí, en Albacete».

Controles del agua

Héctor Esteve también adelantó que su partido preguntará a los ministros de Medio Ambiente, Trabajo y Asuntos Sociales e Interior qué medidas se han llevado a cabo en este asentamiento desde sus respectivos departamentos. Así, los populares preguntarán a la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, qué controles específicos se han hecho en el agua del trasvase Tajo – Segura (de la que beben dos millones de personas) para asegurar que su calidad no se ve perjudicada. En este sentido, como ya informó ABC, el alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, denunció que los inmigrantes utilizaban el agua de esta infraestructura, de la que se abastecen numerosos pueblos en Levante, «para su aseo, para lavar la ropa y sus utensilios, y para todo lo que usted y yo utilizamos el agua en nuestra casa».

Asimismo, el PP se dirigirá al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para conocer dónde han trabajado estos inmigrantes, en qué condiciones y si han sido contratados o no por algún intermediario.

Declaraciones irresponsables

Por otra parte, Esteve también criticó las declaraciones «irresponsables» del subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herrero Arcas, y del delegado del Gobierno en Castilla – La Mancha, Máximo Díaz – Cano, en las que anunciaban el inminente final del asentamiento de La Herrera. A este respecto, el diputado popular insistió en que «la solución no es hacer que se trasladen a otro sitio en las mismas condiciones» y preguntó «si existe base legal para desalojar y, si es así, por qué no se ha hecho antes». Recalcó que «hay que establecer a quién le corresponde la coordinación y previsión de en qué municipios se pueden establecer zonas de acampada con condiciones de salubridad para estas personas».

No obstante, el diputado nacional del PP recordó que, de momento, todavía no hay libertad de movimiento para rumanos y búlgaros en España porque, aunque son ciudadanos de la Unión Europea, el Gobierno estableció, el 22 de diciembre de 2006, una moratoria de dos años para que este libre acceso sea sólo para estudiantes o para trabajadores con permiso y con contrato en origen. «Si ninguno de los asentados en La Herrera tienen esta condición y, por lo tanto, no tienen libre circulación, ¿por qué no se ha hecho nada? », se preguntó el diputado popular.