Otra incertidumbre se suma a las que ya tenemos. Esta es de las fundamentales y tiene su origen en las nuevas medidas migratorias que aplicará el Gobierno de los Estados Unidos. La gente trabajadora que vive en aquel país y carece de papeles legales, entre ella la salvadoreña, tiene una amenaza encima.

De acuerdo con las disposiciones recientes, los empleadores de los Estados Unidos deben rendir informes sobre la identidad de todas las personas contratadas. Además, si han aceptado a trabajadores sin residencia legal, sabiendo esa condición, serán sancionados con multas. Las normas no son nuevas, lo nuevo son los procedimientos de verificación y el lugar destacado que ocupa hoy el enfoque de seguridad. La seguridad debe estar primero, dijo el secretario de Comercio durante el anuncio de las medidas.

Varios millones de trabajadores quedan en la incertidumbre. No solo ellos, sino también algunas actividades importantes de la economía estadounidense, como la agricultura y la construcción. Hasta un 75% de nuestros empleados son indocumentados, dijo el líder de una asociación de contratistas de Texas. Pero el Gobierno ha privilegiado otros criterios, como viene haciendo desde 2001; ha dejado de lado la demanda de personal dispuesto a trabajar con bajos salarios y ha preferido el control policial, una especie de mano dura sobre la inmigración ilegal. También ha optado por lanzarle una presión al Congreso, porque ese cuerpo no pudo acordar una reforma migratoria.

Antes prevalecía lo que algunos especialistas califican como el juego de la frontera, consistente en las muestras de control en la zona fronteriza, mientras se permitía la llegada de los trabajadores dispuestos a recibir salarios bajos. Sin embargo, desde el año pasado, el enfoque sobre la inmigración está dejando de regirse por las leyes del mercado y transita hacia uno regulado por el Estado, dicen Rafael Fernández de Castro y Ana Paula Ordorica (Nexos, México, julio, 2006). De la oferta y la demanda se está pasando a la mano dura. Eso a pesar de las evidencias sobre los pocos resultados del control policial, como el número creciente de personas que entraron a los Estados Unidos, trabajan y reciben salarios.

Para la gente salvadoreña en los Estados Unidos, dispuesta a sudar la camiseta hasta en jornadas dobles, se han puesto más difíciles las cosas desde la semana pasada, cuando se anunciaron las nuevas medidas migratorias. En la tierra propia tienen pocas oportunidades; y en la ajena, donde hay más, está creciendo el afán de control máximo sobre el empleo. Allá, donde cada día se alaban las ventajas de la economía abierta, se ponen más y más murallas alrededor de la frontera y el empleo. Durante este año, 1,404 iniciativas migratorias fueron consideradas en las legislaturas estatales estadounidenses; 172 fueron aprobadas, una buena parte de ellas con limitaciones o prohibiciones para los inmigrantes.

Acá, el hecho social más importante sigue siendo el ánimo migratorio, la disposición a ponerse la camiseta para sudarla con dignidad en los Estados Unidos. No importa si allá están planificando la mano dura, la identificación de los trabajadores o las redadas en los centros de trabajo. Importa la certeza sobre las oportunidades, que aquí escasean y allá abundan. Esas son razones suficientes para ponerle pensamiento crítico al modo salvadoreño de desarrollo, si lo hay.