ciudad real. Las Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a 17 personas y han imputado a una más como supuestos integrantes de una red que estafó cerca de un millón de euros mediante la venta de contratos falsos de trabajo a inmigrantes que pretendían regularizar su situación en España.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, informó ayer en rueda de prensa del desarrollo de la Operación Berza, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Entre los detenidos están los dos propietarios de una gestoría de Tomelloso (Ciudad Real), un padre y su hijo, quienes, en colaboración con doce empresarios agrícolas y de la construcción, también detenidos, cobraban entre 4.000 y 5.000 euros a inmigrantes marroquíes y mauritanos por un contrato laboral falso, puesto que nunca se concretaba la relación laboral establecida.

Los responsables de la gestoría utilizaban a dos captadores y también ofrecían sus servicios a inmigrantes que ya residían en la provincia y que querían traer a España a sus familiares. Los detenidos pactaban con inmigrantes la cantidad de dinero que debían abonar y posteriormente redactaban los contratos, que eran tramitados ante el área de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real por los doce empresarios.

Firmados los contratos y abonadas las cantidades pactadas, los inmigrantes obtenían su permiso de trabajo, pero nunca llegaban a trabajar para los empresarios que los contrataban.

También llegaron a vender a los inmigrantes períodos de cotización a la Seguridad Social que permitieron a los inmigrantes renovar sus permisos de trabajo.

Los estafados, según explicó Díaz Cano, tenían que hipotecar sus pertenencias en el país de origen para hacer frente al coste de los trámites.

Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de las denuncias de cuatro marroquíes.