Las Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a 17 personas y han imputado a una más como supuestos integrantes de una red que estafó cerca de un millón de euros mediante la venta de contratos falsos de trabajo a inmigrantes que pretendían regularizar su situación en España.

El delegado del Gobierno en Castilla – La Mancha, Máximo Díaz – Cano, informó ayer en rueda de prensa del desarrollo de la Operación Berza, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Entre los detenidos están los dos propietarios de una gestoría de Tomelloso (Ciudad Real), un padre y su hijo, quienes, en colaboración con doce empresarios agrícolas y de la construcción, también detenidos, cobraban entre 4.000 y 5.000 euros a inmigrantes marroquíes y mauritanos por un contrato laboral falso, puesto que nunca se concretaba la relación laboral establecida.

Los responsables de la gestoría utilizaban a dos «captadores» y también ofrecían sus servicios a inmigrantes que ya residían en la provincia y que querían traer a España a sus familiares.