pamplona. Representantes de SOS Racismo comparecieron ayer para denunciar la muerte de la vecina de Pamplona Mª Antonia Amador Jiménez, ocurrida después de una reyerta en la que miembros de su familia denunciaron haber sido agredidos por agentes de la Policía Municipal, y advirtieron de que, a pesar de ser el más grave, este suceso no es un “hecho aislado”. Leire Olza y Marta Pérez, miembros del colectivo, instaron al Ayuntamiento de Pamplona a realizar una investigación para aclarar los hechos y depurar responsabilidades, al tiempo que mostraban su solidaridad con los allegados de la mujer fallecida.

Según señaló Pérez, la “clave” de esta cuestión es que, a pesar de no ser la primera vez que se reciben denuncias sobre agresiones de estas características, “en el Ayuntamiento no han querido depurar responsabilidades”, negando además su existencia. “Desde SOS Racismo no consideramos este caso como algo aislado”, señaló, para añadir que “hace ya años que esta organización, y otras relacionadas con los Derechos Humanos, llevamos recogiendo denuncias que hacen referencia a agresiones por parte de miembros de la Policía Municipal”. Por este motivo, los miembros de la asociación señalaron su “más profunda preocupación” y anunciaron que en los próximos días se reunirán con los grupos municipales para instarles a iniciar una investigación y, en su caso, “sean depuradas las responsabilidades necesarias”.

En este sentido, Pérez recordó que, ya en 2005, SOS Racismo presentó un informe en el que se alertaba sobre las denuncias recogidas en relación a casos de agresiones por parte de los agentes contra personas inmigrantes. Un documento que provocó gran preocupación en la mayoría de grupos y sindicatos presentes en el Consistorio pero que no motivó ninguna investigación, según Pérez, y sí la “amenaza” por parte de la Alcaldía de querellarse por “injurias” contra la organización.

discriminación y abusos En relación a los casos similares recibidos en sus oficinas, los miembros de SOS Racismo apuntaron a que “el miedo a las posibles consecuencias negativas” derivadas de las denuncias provocan que, en muchas ocasiones, éstas no lleguen a tomar la vía judicial, por lo que constataron que “la discriminación de la que son objeto ciertos colectivos, como en este caso el pueblo gitano, aumenta las posibilidades de sufrir abusos por parte de los agentes policiales”. Pérez añadió que a esto se le suma “la especial dificultad que supone iniciar procesos de denuncia referentes a cuerpos policiales”, así como “la dificultad de obtener sentencias favorables debido, entre otras cuestiones, a la presunción de inocencia con la que cuentan los agentes”.

A pesar de ello, Pérez relató que en los últimos años se han interpuesto varias denuncias ante los juzgados, y señaló como ejemplo la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 en 2006 en la que tildaba de “desmedida” la actuación de los agentes municipales en su actuación en el bar El Corrientazo, donde ocho personas de origen colombiano resultaron heridas.

Para finalizar, los miembros de SOS Racismo mostraron su solidaridad con la familia y amigos de Mª Antonia Amador y volvieron a exigir una investigación.