El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que el asentamiento de inmigrantes búlgaros y rumanos ubicado junto al trasvase Tajo – Segura en La Herrera (Albacete) «no es ilegal», ya que son ciudadanos comunitarios y tienen libertad de establecimiento, y que están garantizadas «la salud y la seguridad en el entorno», aunque advirtió de que vigilará sus contrataciones.

En una rueda de prensa para valorar el control de los flujos migratorios de África occidental, Caldera se comprometió a hacer un «esfuerzo especial para el control de la legalidad de las contrataciones» de estas personas y a impulsar, «cuando no sea obligación de los empresarios, la concesión de un adecuado alojamiento» para este tipo de trabajadores temporales.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que, según el delegado del Gobierno, el asentamiento no es ilegal, están garantizadas la salud y la seguridad en el entorno, son ciudadanos comunitarios y, por tanto, tienen plena libertad de movimientos y de establecimiento, por lo que aconsejó «enjuiciar la situación adecuadamente».

Añadió que los trabajadores rumanos «están esperando a una campaña de recogida del ajo», y advirtió de que «la Administración va a velar de forma exquisita porque no haya ninguna ilegalidad en la contratación de estos trabajadores» y para que se «aplique a los mismos las leyes que protegen sus derechos».

«Vamos a hacer una vigilancia especial para que estas personas reciban un contrato legal», señaló Caldera, quien recordó que, «si fueran trabajadores extracomunitarios o comunitarios con restricciones a la libre circulación de trabajadores – como es el caso de los rumanos que buscan un empleo estable, pero no el caso de los trabajadores de temporada – , los empresarios deberían facilitarles un alojamiento digno, tal y como establece la Ley de Extranjería española».

«Normas para todos»

No obstante, el alcalde de La Herrera, Pablo Escobar (PP), consideró «discutible» la afirmación de Caldera, por esta localidad «no es ilegal», ya que Escobar sostuvo que, en la zona de seguridad, «no está permitido que acampe ninguna persona, sea un francés, un rumano o un español, y las leyes y las normas están para todos».

Apuntó que, «nunca se ha pretendido que se les coarte su libertad de movimientos como ciudadanos comunitarios». Matizó que su intención al denunciar la masiva acampada de inmigrantes fue que se supiera en qué condiciones «infrahumanas y de insalubridad están viviendo».