bilbao. Caso a caso, comienza a aflorar en Euskadi el fenómeno de la contratación irregular de trabajadores extranjeros. El último episodio de la lucha contra el empleo sumergido de inmigrantes se vivió esta semana en la localidad vizcaína de Mungia. Un empresario identificado como Francisco S.M. fue detenido por albergar en su plantilla a cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana y paraguaya sin contrato en vigor y sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

La operación, que fue revelada ayer por la Delegación del Gobierno español en la CAV, se inició a raíz de las sospechas con las que contaban los funcionarios de la Inspección de Trabajo de que la empresa podía emplear a trabajadores foráneos de forma ilegal.

La compañía proporcionaba trabajo como jardineros a estos cuatro inmigrantes a cambio de un salario y de unas condiciones laborales “inferiores” a las establecidas en el convenio colectivo del sector. La Delegación no especificó a cuánto ascendía su sueldo ni cuántas horas dedicaban al día a su labor.

El presunto ejecutor de esta lucrativa estafa fue arrestado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía el pasado martes tras una inspección sorpresa realizada por un grupo de funcionarios al centro de trabajo. Además del empresario, en el momento de la visita había en el local ocho inmigrantes , cuatro de los cuales carecían de contrato.

Francisco S.M. fue detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores. La Policía le imputa haber abusado de la situación de necesidad de los cuatro irregulares, y de haberse valido de su indefensión para restringir sus derechos laborales. El Código Penal establece para este delito penas de prisión de entre seis meses y tres años, así como una multa de seis a 12 meses.