MADRID. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aseguró ayer que la entrada de inmigrantes ilegales en España se ha reducido un 62% en lo que va de año. El resultado de este descenso es el saldo neto más bajo desde 2001, según destacó Jesús Caldera, que destacó como uno de los principales motivos de la reducción «el buen nivel de cooperación» con los países de África Occidental que han aceptado las repatriaciones.

Según los datos ofrecidos por el ministro, entre enero y agosto de 2006 llegaron unos 15.400 inmigrantes ilegales, mientras que en el mismo periodo de este año han conseguido cruzar las fronteras españolas 5.700. De ellos, habrían sido repatriados 4.500, es decir, ocho de cada diez. Caldera señaló los acuerdos con los países de origen como una de las causas que más han incidido en esta evolución: «Los inmigrantes salen menos porque saben que van a ser repatriados», declaró el ministro, seguro de que en los países de salida se está implantando el convencimiento de que «es inútil realizar este tipo de viajes».

Caldera acaba de regresar de un viaje a Guinea Bissau y Gambia, donde la cooperación está dando «resultados muy positivos», y aboga por continuar con esa línea de trabajo en tres ámbitos: en materia de seguridad, para evitar la salida de inmigrantes ; en el terreno económico, con la contratación de extranjeros por empresas españolas en los países africanos, y en cuestiones sociales, con medidas de mejora de la calidad de vida y creación de escuelas taller. El titular de Trabajo recordó que se han invertido 700 millones de euros en el continente africano, lo que multiplica por tres la dotación acumulada desde 2004.

Escuelas

El Gobierno tiene el compromiso de poner en marcha escuelas taller en países como Senegal, Malí, Mauritania, Gambia y Guinea – Bissau. En estos centros, similares a las escuelas de formación profesional españolas, se pretende enseñar a alrededor de mil personas oficios relacionados con los sectores de más futuro en la zona, como agricultura, pesca o turismo.

A partir de septiembre, se impulsarán cinco en Mauritania y una en cada uno de los otros países. Precisamente, Caldera culminó el jueves su visita a África Occidental con la firma de un acuerdo para implantar uno de estos centros en Guinea – Bissau, donde además se establecerá «un cupo» para que mujeres y varones puedan acceder en condiciones de igualdad. En otoño, el ministro viajará a Cabo Verde, Ghana y Guinea Conakri para extender estas iniciativas.

Caldera también se refirió ayer a las críticas del presidente canario, Paulino Rivero, que ha solicitado una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero para pedirle explicaciones por los «incumplimientos» en materia de traslado de menores inmigrantes a la Península. El ministro de Trabajo indicó que ya se ha traído a 500 menores desde el archipiélago, lo que supone respetar «a rajatabla» el compromiso adquirido. No obstante, añadió que estos movimientos exigen «el acuerdo de las comunidades», que no se ha conseguido con Madrid ni con otras autonomías en manos del PP. «Si el PP de Canarias y el señor Rivero convencen a la Comunidad de Madrid de que acepte a menores, el Gobierno de la nación financiará esa estancia», apuntó.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, reprochó a Caldera su «exuberante optimismo» en materia de inmigración irregular. Frente a las afirmaciones del ministro, el representante popular defendió que el problema «no ha hecho más que agravarse», porque «siguen llegando día tras día cayucos a nuestras costas, las mafias siguen actuando en el territorio y el efecto llamada sigue produciendo consecuencias», mientras el Gobierno hace «un discurso alejado de la realidad».

Asentamiento rumano

Por otra parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que el asentamiento multitudinario de inmigrantes rumanos en la localidad albaceteña de La Herrera «no es ilegal» y que están garantizadas «la salud y la seguridad en el entorno», aunque advirtió que las autoridades vigilarán las contrataciones e impulsarán «un adecuado alojamiento» para los temporeros. Los habitantes del campamento son ciudadanos comunitarios y tienen plena libertad de movimientos.

Estas explicaciones no han convencido al alcalde del pueblo, Pablo Escobar, que considera «discutible» que sea legal plantar las tiendas en la zona de seguridad del trasvase Tajo – Segura: «No está permitido que acampe ninguna persona, sea un francés, un rumano o un español, y las leyes están para todos», argumentó. Además, el regidor puntualizó que nunca ha pretendido que «se coarte» la libertad de movimiento de los extranjeros, sino dar a conocer las condiciones «infrahumanas y de insalubridad» en que viven y el posible problema de salud pública que implica su uso de agua del trasvase. COLPISA