Un pueblo manchego de 400 habitantes pide ayuda ante un asentamiento de más de mil rumanos y búlgaros El pequeño pueblo de La Herrera (Albacete), de 400 habitantes, ha pedido ayuda a las distintas administraciones ante un asentamiento de cerca de mil inmigrantes rumanos y búlgaros que han elegido un paraje cercano al canal del trasvase Tajo – Segura para “vivir” en tiendas de campaña mientras buscan trabajo.

Los inmigrantes están a la espera de que los agricultores de la zona les contraten en la próxima campaña de la recogida de cebolla. Muchos de ellos acaban de participar en la del ajo – 5 millones de kilos recolectados en la zona – y ahora confían en hacer lo mismo en la siguiente campaña, que prevé recoger 30 millones de kilos de tubérculos.

Los vecinos del pueblo, que hasta ahora han convivido pacíficamente con los extranjeros, temen que si se prolonga el asentamiento se incrementen la inseguridad y los conflictos con los inmigrantes rumanos y búlgaros, que desde el pasado 1 de enero también son ciudadanos de la Unión Europea. Aseguran que los inmigrantes – en algunos días han llegado a concentrarse hasta 2.000 – llenan de suciedad el pueblo cuando acuden a última hora a celebrar multitudinarios “botellones”.

Según su alcalde, Pablo Escobar Vázquez, del PP, “la solución estaría en darles el tratamiento que reciben los temporeros españoles cuando van a la vendimia a Francia porque van con sus contratos de trabajo y saben dónde van a vivir, cuándo van a trabajar y cuánto van a ganar”. El sindicato CC.OO de Albacete acusa, por su parte, a algunos de los agricultores de la zona de abusar de la precaria situación de estas personas para “contratarlas” a cambio de pequeños salarios. El subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herrero, responde que es difícil controlar estas contrataciones porque “aunque es cierto que cuando la contratación es masiva los empresarios tienen la obligación de darles habitación, en esta zona tienen pequeñas extensiones, por lo que trabajan tres días con un empresario y al día siguiente están con otro”.

La Guardia Civil ha tramitado ya 362 denuncias por acampada ilegal y, según el subdelegado del Gobierno, controla a los inmigrantes “para que los vecinos se sientan más seguros y para evitar la comisión de cualquier delito”. Los vecinos de La Herrera confían ahora en que la presencia de más patrullas del instituto armado y el inminente inicio de la campaña de la vendimia en centenares de pueblos reduzca el número de estos inmigrantes que aprovechan el agua del trasvase Tajo – Segura para asearse, bañarse, beber y lavar la ropa.

Según el subdelegado del Gobierno, José Herrero, los inmigrantes ya han comenzado a abandonar la zona. Herrero explicó que en los últimos cuatro días la Guardia Civil ha identificado a todos los inmigrantes que acampan junto al trasvase y tramitado denuncias por acampada ilegal, pero recordó que no se pueden tomar más medidas contra ellos porque son ciudadanos europeos y pueden estar en territorio español.

El subdelegado expuso que desde que recibió un escrito del alcalde de La Herrera , Pablo Escobar, preocupado por la llegada de los inmigrantes a las inmediaciones del pueblo, “la Guardia Civil ha pasado cuatro días identificando a todos los inmigrantes ”.

Aunque muchos de los acampados han salido del lugar quedan todavía más de 500 personas y unas 60 tiendas de campañas, algunas agrupadas y otras diseminadas a lo largo de dos kilómetros de zona protegida del canal del trasvase.

Herrero precisó que estos trabajadores han realizado faenas de recogida de ajo, una campaña en la que se han recolectado entre cuatro y cinco millones de kilos de ajo, y esperan a que a finales de agosto comience la de la cebolla, de la que se espera obtener entre 24 y 30 millones de kilos.

De hecho, el subdelegado indicó que igual que los 400 vecinos de la localidad han expresado su preocupación por el asentamiento, los agricultores de la zona también le han comunicado su inquietud “por si estas personas se van a otros sitios”, ya que los necesitan para las campañas.

José Herrero apuntó que “no es posible que estas personas hagan la recolección y al mismo tiempo no se les vea”.

El subdelegado del Gobierno señaló que ha advertido a los empresarios agrícolas de que deben pagar salarios justos a los recolectores y no contratarlos sin permiso de trabajo, un documento que la Subdelegación expide “en cuanto el empresario lo solicita”.

Asimismo, a los inmigrantes se les ha explicado que no deben encender fuego en la zona donde están acampados, y que deben respetar el trasvase “no cogiendo agua y no bañándose en el mismo”.

El subdelegado recalcó que las personas asentadas en el trasvase “son trabajadores nómadas que van detrás de las campañas agrícolas del ajo, la cebolla y la uva” pero, al mismo tiempo, “son ciudadanos europeos y tiene derecho a residir en España”.

Por su lado, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Fernando Lamata apuntó que no existen “medidas milagrosas” para solucionar este tipo de situaciones, aunque dejó claro que “la medida principal es atender a la vida y la seguridad de las personas”, así como garantizar su atención sanitaria.

Lamata apuntó que los inmigrantes , que trabajan en las diferentes campañas agrícolas y ahora esperan el comienzo de la vendimia, viven en condiciones precarias y que “este modo de acampar no es ideal”.

Consideró al respecto que lo ideal sería “que pudieran contar con contratos de trabajo y con unas instalaciones más adecuadas preparadas con tiempo suficiente”.

En este sentido, auguró que todas estas medias se irán consiguiendo “año a año”, en colaboración con el Gobierno de España, las organizaciones agrarias, la Inspección de Trabajo y las vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, “que están haciendo un magnífico trabajo”.

En todo caso, Lamata sostuvo que cada año mejoran las condiciones de las personas que trabajan en la recogida del ajo, la cebolla y, posteriormente, en la vendimia.