El servicio se prolonga las 24 horas del día para evitar más ocupaciones ilegales ¿Quién querría vigilar una fábrica abandonada desde hace años? Pues los dueños de Macosa. La empresa propietaria de la vieja nave industrial, donde hace un par de semanas fueron desalojados un centenar de inmigrantes instalados ilegalmente, ha contratado los servicios de una empresa de seguridad para que controlen los accesos principales a las instalaciones con el objetivo de evitar nuevos asentamientos.

Así lo explicó ayer uno de los profesionales que guardaba, sentado junto a la portería de la fábrica, el acceso por la puerta metálica de la calle San Vicente Mártir. Las labores de control se extienden también durante la noche, cuando entra a trabajar un nuevo turno. La idea es mantener la vigilancia a todas horas hasta que se produzca el derribo de las naves a finales de año.

Por otro lado, los trabajos para cerrar butrones y tapiar accesos ya han terminado. En la parte de las naves que recae a la calle Federico García Lorca se han cegado los agujeros abiertos en el murete, por donde entraban los okupas atravesando las vías del tren que desfilan hacia la estación del Norte.

En la parte delantera, una tapia de ladrillo de varios metros de altura al final de la calle Fernández de Mesa cierra al paso a los extraños. Además, se ha actuado en la calle Almudaina, donde se ha soldado una puerta metálica lateral también empleada por los inquilinos de las naves abandonadas.

En cuanto al acceso a través de la puerta principal de hierro, en lugar de soldarla se ha optado por utilizar un candado, como se podía observar ayer.

Evidentemente, salvo los dos vigilantes de seguridad, ya no queda nadie en la vieja fábrica de trenes. Sus inquilinos se han distribuido por las inmediaciones del cementerio General, en un edificio de la calle Amparo Iturbi o en la calle Moncayo. Otros han decidido volver a Rumanía mientras que varios grupos permanecen en hostales financiados por el Ayuntamiento.

Como informó LAS PROVINCIAS, el desalojo de las naves se produjo por orden de la Fiscalía de Menores tras un demoledor informe de la Policía Nacional, en el que se alertaba de las precarias condiciones de vida de los pequeños, rodeados de hierros oxidados, basuras y animales muertos.

Basuras

El 27 de julio, como avanzó este periódico, se procedió a la limpieza de la vieja instalación industrial, que acumulaba, como se supo después, cerca de 450 toneladas de basuras, que tuvieron que ser retiradas en varias jornadas de trabajo. Un día después, la Policía Local aprovechó para proceder al desalojo pacífico. Acompañados de miembros de los Servicios Sociales, los agentes trasladaron a los inquilinos a hostales u otras ubicaciones. Mientras duraron los trabajos de limpieza y tapiado, siempre había presencia policial para evitar nuevos asentamientos. Los vigilantes privados continuarán con esta labor a partir de ahora hasta que se produzca el derribo.

Según las previsiones que maneja la sociedad Parque Central, que gestiona el proyecto urbanístico más emblemático de la ciudad, las máquinas podrán empezar a morder las estructuras de las naves a finales de año. De momento, ya se aprobó el 24 de julio la adjudicación de la redacción del proyecto de demolición. La empresa designada deberá presentar el documento en el plazo de diez semanas, que atañe tanto a Macosa como a la fábrica de Hierros Mateu. Sí se mantendrá en pie una industria situada entre las otras dos que todavía está operativa.