Una de las sorpresas del último Gobierno Camps ha sido la original aparición de una Conselleria inédita hasta el momento dedicada a Inmigración y Ciudadanía.


Respecto a Ciudadanía, no hay mucho que hablar, puesto que, con nuestro ínclito cardenal valenciano Cañizares a la cabeza, lo de la ciudadanía le corresponde por lo visto a la Iglesia en sus clases de Religión, siempre a costa de los contribuyentes. Y no sólo los pagos de los profesores elegidos por el obispo correspondiente, sino el coste de las expulsiones injustificadas que por motivos extraprofesionales tengan a bien efectuar. Paga el Estado. Pagamos todos.


Según la más reciente línea de pensamiento (es un decir lo de pensamiento, más cabría calificarla de estrategia de poder ideológico y económico) de la Iglesia oficial española, lo de la Educación para la Ciudadanía es algo tan personal, que la competencia es exclusiva de la familia. Y sin embargo dicha característica no parece atribuirse a la educación en Religión, que sí que tiene que hacerse en ambiente escolar, a costa del erario público decíamos, y con exclusividad autoatribuida y reconocida concordatariamente a la Iglesia católica. Y es que si uno empieza a considerar que sólo él tiene la verdad ¿qué derecho les pueden quedar a todos los demás ciudadanos, no comulgantes oficialmente, que no sean las de ignorantes, impíos, y lindezas así?…


Reservado por lo tanto lo de Ciudadanía a la cúpula eclesial que nos ha tocado, queda por analizar lo del sector Inmigración.


Su flamante titular (“descendatur ut removeatur”), el más polifacético y versátil de los consellers y recluido ahora en tan singular parcela, pareciera que hubiese demostrado ya su creatividad encontrando cobijo y hogar para los dos centenares de emigrantes que vivían (es un decir) bajo el puente en la “Urbanización Nuevo Centro Internacional” que ha sido demolida y fumigada con zotal, y en cuyo lugar, en un pilar del puente se piensa poner una placa en sustitución de la discutida del recordatorio de la visita y celebración en la ciudad de las ciencias.


Pero no, pues el creativo titular, fiel a la estrategia que viene siguiendo el Gobierno autonómico (tan absolutamente desentendido como el Gobierno local de cualquier problema social) se ha apresurado a mirar hacia otra parte y manifestar que las competencias en Inmigración no les corresponden.


Nada de especial por lo demás, acostumbrados como estamos a que todo lo que conlleve alguna responsabilidad social no corresponda a la autonomía (que tan sólo se debe ocupar, por lo visto, de Copas de América y Circuitos Urbanos de Fórmula 1).


Pero si ni siquiera existe en nuestra ciudad o comunidad un centro de referencia donde pueda dirigirse un inmigrante con problemas, ¿en qué se han utilizado los 60 millones de euros transferidos en sólo tres años, según el delegado del Gobierno?


¿Todo para sueldos de funcionarios que no tengan función?