Cerca de 2.000 inmigrantes, la mayoría de ellos rumanos, se han asentado ilegalmente en la zona de seguridad del Acueducto Tajo – Segura, junto a la localidad albaceteña de La Herrera. Este pueblo, de apenas 400 habitantes, se ha visto desbordado por el macrocampamento emplazado en sus inmediaciones, que no cuenta, como es lógico, con las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Para su abastecimiento de agua, los rumanos hacen uso de la que transcurre por la infraestructura del trasvase. Por otra parte, según el alcalde de la localidad afectada, la sensación de inseguridad se ha instalado en el pueblo y ya se han producido los primeros «encontronazos» entre vecinos e inmigrantes. Desde la entrada de Rumanía en la Unión Europea este mismo año, los rumanos son ciudadanos comunitarios de todo derecho, pero, precisamente por eso, también están sometidos a los mismos deberes. Su condición de inmigrantes no puede servirles en absoluto de excusa para crear esta suerte de poblados itinerantes que en España no son legales. Antes de asentarse en La Herrera, de hecho, los rumanos habían pasado ya por varias poblaciones limítrofes de las que se les ha ido desalojando, sólo para que se fueran a concentrar a otro lugar. Es por tanto evidente que la solución debe ser algo más que un parche temporal. El Gobierno y la Junta deben ejercer sus competencias y obligar a los campistas a disolverse de forma definitiva.