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Indocumentados.

Más de 1.400 proyectos de ley relacionados con inmigración fueron presentados en los congresos de los 50 estados norteamericanos durante el 2007, de los cuales 170 han sido aprobados, informó el lunes pasado la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).

Las legislaturas han aprobado numerosos proyectos que abordan temas migratorios, desde la contratación y los servicios médicos para extranjeros, hasta la concesión de licencias para conducir y el contrabando de sin papeles, creando un complejo tejido de normas dispares en todo el país.

Arkansas aprobó una ley que prohíbe a los organismos estatales contratar empresas que den trabajo a indocumentados. Luisiana tiene una ley que impide la concesión de licencias de conducir a foráneos sin antes asegurarse de que no tienen antecedentes penales. Oregon declaró ilegal el que una persona que no es abogada asesore a otros sobre temas migratorios.

En los primeros seis meses del año fueron aprobadas 171 leyes de inmigración en 41 estados. Esto representa más que el doble de las 84 sancionadas a lo largo del 2006.

Más de la mitad de los estados han analizado planes que buscan endurecer o esclarecer leyes relacionadas con las licencias de conducir y otros documentos. Diecinueve plantearon proyectos que complicarían las posibilidades de los inmigrantes de conseguir trabajos.

Un proyecto apoyado por el presidente George W. Bush, que según sus promotores hubiera regularizado la situación de unos doce millones de indocumentados y reforzado la seguridad en las fronteras, quedó estancado en el Congreso.

La inmigración era un tema que interesaba únicamente a los estados limítrofes con México, pero ha adquirido relevancia y legisladores de los 50 estados están considerando medidas este año, según Sheri Steisel, directora de políticas migratorias del NCSL.

Medidas
Las medidas que toman, sin embargo, a veces son contradictorias. Los estados analizan los mismos problemas y plantean distintas soluciones, expresó Steisel.

En Arizona, por ejemplo, se aprobó una ley que exige a los empleadores que usen un banco de datos federal para evitar contratar sin papeles, mientras que en Illinois se sancionó una ley que impide el uso de ese mismo banco de datos “porque tiene muchos errores”.