EN NUESTRA EDICIÓN del último sábado, en el “Buzón Tinerfeño”, sección que recoge anécdotas, quejas y fotos de nuestros lectores, una lagunera que lleva 23 años fuera de Tenerife, azafata de vuelo, para más señas, calificaba de vergonzoso lo que está pasando en Canarias con el fenómeno de la inmigración y reclamaba la actuación urgente de los políticos del Archipiélago.

Nuestra lectora aseguraba en su misiva que a pesar de “haber volado por todo el mundo y haber visto muchas miserias e injusticias”, ninguna de ellas se puede comparar con lo que está ocurriendo en Canarias con el descontrol de la inmigración. “Todo esto lamentaba es una vergüenza, y nadie se queja y si se queja se le ignora”.

No le falta razón a la autora de la citada carta, pues cada vez son más las personas que se quejan del descontrol que existe con este fenómeno y de la desidia de los políticos canarios, aunque no todos, para buscar una solución. Tan sólo se acuerdan del problema cuando no les queda otro remedio y el bombardeo mediático les hace salir de su madriguera.

Además, tal y como se desprende de la denuncia de esta azafata lagunera, el meollo de esta cuestión no está en los que vienen en cayucos, que son muchos, pero son derivados a la Península o repatriados a su países de origen, sino en los que entran y salen por puertos y aeropuertos sin ningún tipo de control y, en el mejor de los casos, terminan campando a sus anchas por las Islas.

¿A qué están esperando los responsables públicos del Archipiélago para poner fin a esta situación? De todos es conocido que las competencias en esta materia son estatales y que debe ser el Gobierno central el que aplique las medidas pertinentes para atajar este problema, no obstante, también es cierto que se echa de menos una acción más decidida de los políticos canarios para que el Estado tome cartas en el asunto.

¿Será necesario que la gente salga a la calle a protestar o que ocurra alguna desgracia para que los 60 diputados que se sientan en el Parlamento de Canarias alcen la voz? Se trata simple y llanamente de un problema de convivencia. Cuando la inmigración se produce de forma descontrolada, sus efectos pueden ser nefastos. Así que más vale que se pongan manos a la obra antes de que el problema ya no tenga solución y sólo nos quede el lamento.

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que dice haber apostado por los ciudadanos, tiene una buena oportunidad de demostrarlo en esta materia, pues en la medida que logre hacer entender al Ejecutivo central que las Islas no pueden continuar siendo un coladero, los canarios y los que aquí se han establecido siguiendo los trámites fijados por la ley mejorarán su calidad de vida.