El 28 de julio asistí con unos amigos a una discoteca de Guayaquil, por la avenida Francisco de Orellana. En otras ocasiones habíamos entrado sin problemas, pero el sábado nos acompañaba un amigo negro a quien cuando intentó ingresar, le dijeron: “Usted no puede entrar”.

La excusa del empleado fue que había una “fiesta privada”. Extraño porque en la entrada había un letrero que decía: “mujeres gratis; hombres $ 15; y barra libre”. Uno de los guardias dijo que era “orden del dueño”. Suponemos que la exclusividad la quiso tapar con “fiesta privada”, porque cerca de nosotros había un grupo al que le negaron la entrada, sin duda porque no vestían ropa de “marca”, ni eran rubios.
Después vimos que entraron otras personas sin problemas. Para asegurarnos del discrimen, cuando ya nos habíamos retirado, le pedimos a un amigo blanco, que entre, y pudo hacerlo pese a no haber sido invitado a la “fiesta privada”. Concluimos que nunca hubo tal. Mi amigo, un profesional educado, solo quería divertirse pagando su entrada, pero fue víctima de una discriminación que debería ser investigada por grupos de derechos humanos, porque no es posible que en pleno siglo XXI el racismo carcoma a nuestra sociedad.

Ketty Vera Barzola,
estudiante, Guayaquil