La corte determinó que el Gobierno de EUA irrespetó derechos de inmigrantes indocumentados en los centros de detención.

Dentro del proceso para determinar la suerte de la disposición Orantes, el tribunal conoció pruebas de las irregularidades en centros de detención para indocumentados, que incluyen falta de acceso a teléfonos, abogados, materiales legales, higiene y visitas. Esos reportes fueron obtenidos de los mismos archivos de las autoridades gubernamentales.

Esos informes que fueron obtenidos por organizaciones defensoras de los derechos humanos y relatan las condiciones en las que operan más de 200 centros de detención del país influyeron en la decisión de la jueza Margaret Morrow para mantener la aplicación de la decisión Orantes.

Además de favorecer a los salvadoreños, este fallo abarca a todos los indocumentados, exigiendo una mayor transparencia en estos procesos y el respeto a sus derechos, afirmó Linton Joaquín, litigador del caso por parte del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Según él, la falta de acceso a material que informe los derechos del indocumentado puede afectar un proceso frente a la corte. Asimismo, las deficiencias en el acceso a teléfonos, abogados y privacidad disminuyen y, en muchos casos, anulan la oportunidad que tiene un inmigrante para defenderse.

Entre las anomalías se reportaron lugares sin baños, falta de papel higiénico, agua y jabón. Incluso se reportó un centro de detención donde los indocumentados tenían que hacer sus necesidades en un hueco en el suelo.