Fallo obliga a las autoridades estadounidenses a asesorar a los salvadoreños detenidos por indocumentados de su derecho a solicitar asilo. EUA argumenta que la decisión Orantes no es necesaria porque el país ya no está en guerra.

Una corte federal falló a favor de los salvadoreños indocumentados que están protegidos por la decisión Orantes y determinó que las autoridades federales están violando los derechos de los compatriotas detenidos en las cárceles de inmigración.

Desde 2005, el Departamento de Seguridad (DHS) solicitó al Tribunal Federal de Los Ángeles que derogara la decisión Orantes alegando que las condiciones de El Salvador habían cambiado y que los cuscatlecos ya no necesitaban este beneficio. La medida impide que los salvadoreños puedan ser incluidos en el programa de deportación expedita que ejecuta el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, los reportes hechos por el Gobierno, y que se encontraban clasificados, demostraron que en un alto porcentaje se estaba negando el derecho que tienen los salvadoreños a solicitar asilo político.

El tribunal concluye que el Gobierno no estableció que la culminación de la guerra civil en El Salvador no es circunstancia suficiente como para disolver la protección de la orden Orantes, y esta sigue siendo necesaria, escribió la jueza de distrito Margaret M. Morrow.

La determinación echa abajo las intenciones del DHS de incluir a los salvadoreños en su programa de deportaciones expeditas, medida que no permite que un indocumentado pueda presentarse frente a una corte de Inmigración y explicar su caso.

De acuerdo con Linton Joaquín, director del Centro Nacional de Leyes de Inmigración y principal abogado de esta lucha que inició en 1982, el Gobierno estadounidense no logró comprobar que los índices de violencia han disminuido en El Salvador.

La guerra terminó; sin embargo, las condiciones de peligro para muchos salvadoreños persisten, y es necesario que se respeten sus derechos, enfatizó.

En las pruebas que incluyeron informes de más de 200 centros de detención en Estados Unidos, se pudo comprobar que los connacionales no son informados de los derechos que tienen al solicitar un proceso de asilo político, argumentando que sus vidas corren peligro en El Salvador.
Fallo será apelado

El Departamento de Justicia, que subraya que esas protecciones ya no son necesarias, planea apelar.

Estamos decepcionados que la corte se siga negando a acabar con un mandato judicial innecesario, dijo en un comunicado el vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Russ Knocke.

La guerra civil en El Salvador se acabó hace años. Las circunstancias que fueron las bases de ese mandato ya no existen, agregó.

Entre las órdenes de la decisión Orantes se obliga a las autoridades estadounidenses a asesorar a los salvadoreños de su derecho a solicitar asilo político. Este mandato se emitió en 1984, luego de denuncias de que los funcionarios de Inmigración amenazaban a los salvadoreños para que no presentaran solicitud alguna.

Los defensores de los salvadoreños consideran que este proceso en el Noveno Circuito todavía podría conllevar varios años, tiempo en el que los compatriotas siguen estando amparados por la decisión.