El grupo encargado de medir el impacto de la inmigración en el modelo financiero actual sitúa el coste en 950 millones Ni reivindicación caprichosa, ni realidad cogida por los pelos. Los números cantan: la actualización de la población de la Comunitat es una realidad muy anterior a que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la admitiera el pasado lunes.

Los datos oficiales –Instituto Nacional de Estadística– así lo demuestran. De hecho, la Comunitat encabeza el crecimiento de población en el último año, con un aumento de 67.903 personas. De las diecisiete regiones de España, la valenciana supera en aumento de población a Andalucía en más de 4.000 personas, y a Cataluña, en más de 5.000, que son las que le siguen en esa clasificación.

Por provincias, Alicante creció 37.911 personas, Valencia 16.888, y Castellón 13.104. La capital alicantina es la provincia de España que más aumentó su población.

Los datos de población que toma como base el actual modelo de financiación autonómica corresponden a 1999. La población de la Comunitat Valenciana ha crecido 808.337 personas desde ese año –el casi un millón de personas más del que habla con frecuencia el presidente Camps–. De hecho, las regiones que han experimentado, en porcentaje, un mayor aumento de población desde ese años son, por este orden, son Baleares (25,2%), Murcia (22,9%), Canarias (20,8%), la Comunitat (19,8%) y Madrid (17,8%). Todas con gobiernos del PP hasta el 1 de enero, con la excepción de Canarias (coaligados con Coalición Canaria).

El crecimiento de población está en la misma esencia de la reivindicación del modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno valenciano. De hecho, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha creado un grupo de trabajo dirigido a concretar el impacto de la población en el modelo. Uno de los trabajos de ese grupo es el que tiene por objeto medir el impacto de la inmigración en la financiación. Y con los datos de 2005, ese coste alcanzaba para la Comunitat los 950 millones de euros. La parte principal de esa cantidad corresponde a Sanidad –unos 600 millones–; Educación supera levemente los 300 y Bienestar Social algo más de 30.

Esos 950 millones serían parte del impacto financiero que el actual modelo no recoge para la Comunitat. Y no tiene en cuenta el coste de los residentes de la UE (que no tienen consideración de inmigrantes) así como los gastos de desplazados de otras comunidades autónomas.

Las cifras hacen evidente la urgencia de la revisión del actual modelo. Y las declaraciones del titular de Interior del pasado lunes contribuye a corroborarlo.

Dificultades

Pero el panorama político no es precisamente el más adecuado para conseguirlo. El CPFF tiene previsto volver a reunirse el mes de septiembre. Desde su última reunión arrastra el compromiso del vicepresidente Pedro Solbes de abordar esta cuestión. Pero lo cierto es que la proximidad de la cita electoral hace muy improbable que el Gobierno tenga entre sus prioridades abordar ese debate.

Por otro lado, las informaciones que sitúan a Solbes fuera de la política cuando concluya esta legislatura hacen más complicado si cabe que el vicepresidente tenga previsto abrir un melón que, como se suele decir, nunca se sabe como va a salir hasta que se abre.