El movimiento encaminado a lograr que los gobiernos estatales y locales frenen la inmigración ilegal sufrió un duro revés la semana pasada, cuando un juez federal en Pensilvania invalidó una ordenanza municipal que buscaba castigar a aquellos que contraten o renten viviendas a personas que vivan ilegalmente en el país.

Los simpatizantes de leyes más duras de inmigración calificaron la decisión como un retroceso y afirmaron que continuarán presionando y buscando caminos para que las poblaciones puedan combatir la inmigración ilegal por sus propios medios. El juez señaló que es responsabilidad del gobierno federal el controlar la inmigración ilegal, y que si no lo hace sus comunidades locales no tienen suerte, pero eso es inaceptable, señaló Ira Mehlman, un portavoz de la Federación en Favor de la Reforma Migratoria en Estados Unidos, que favorece medidas más duras y ayudó a elaborar las ordenanzas de Hazleton, en Pensilvania.

En los últimos tres años, un número creciente de legisladores estatales y gobiernos locales en todo el país han rechazado la noción de que la inmigración es responsabilidad única del gobierno federal. Ante la frustración con los gobiernos federales por sus escasos esfuerzos para asegurar las fronteras, se elaboraron leyes para negarles servicios públicos a los inmigrantes ilegales, considerar castigos para los patrones que contrataran inmigrantes ilegales con conocimiento y prohibir a las personas ilegales rentar casas o apartamentos.