NO AFIRMO NADA NUEVO al recordar que España ha sido durante siglos un país de emigrantes. Una desgracia social extensible a Canarias. No es bueno para un país perder un porcentaje a veces considerable de su población casi siempre los mejores, ni resulta grato tener que buscar en tierra extraña lo que no nos proporciona la nuestra. Pero la situación ha cambiado. Nuestro país albergaba unos 400.000 inmigrantes en 1991, un millón y medio diez años después, y casi cuatro millones a principios de 2005. Los 652.000 inmigrantes sólo los registrados que se asentaron a lo largo de ese año nos pusieron a la cabeza europea en cuanto a recepción de personas. Por lo que respecta al Archipiélago, desde el inicio de la década de los noventa hasta ahora el número de habitantes se ha incrementado en medio millón.

Pretender que este gigantesco cambio no afecte a la sociedad supondría incurrir en la ingenuidad más absoluta. Sin embargo, eso es lo que nos pretenden inculcar unas autoridades temerosas de que, en el momento menos pensado, surja un movimiento auténticamente xenófobo. No esas manifestaciones aisladas, y en esencia leves, que se producen de vez en cuando, y que quienes viven de la denuncia inmediata sobre cualquier asunto se empeñan en agrandar para darle sentido a la existencia de sus organizaciones. No. Hablo de un rechazo social generalizado que se les escape de las manos a los gobernantes, y que conduzca a la peor lacra del siglo XX: el odio racial.

Lejos de afrontar esta realidad sin aspavientos pero también sin concesiones a la irracionalidad, nuestros políticos prefieren mirar para otra parte y silbar. Actitud cuyo resultado directo es un temor permanente a que alguien nos critique, e incluso nos denuncie, por malos tratos al inmigrante. De nada sirve que la población canaria se vuelque en socorrer a un puñado de africanos cuando un cayuco alcanza una playa llena de bañistas sin ser detectado. Igualmente resulta baladí que el Gobierno autónomo gaste una parte significativa de su presupuesto para atender a los menores en centros de acogida. Basta con que una asociación que pretende defender los derechos humanos haga una denuncia de abusos en centros de acogida, para que todo el mundo se ponga lívido.

Un justo término a la hora de abordar el fenómeno de la inmigración no supone situarse en el punto medio es decir, en tratar por igual a nativos y foráneos porque quienes vienen de fuera necesitan más ayuda. Pero irnos al extremo en ese sentido no es justo ni bueno. Una actitud como esa haría brotar, mírese como se mire, esos mencionados sentimientos hostiles hacia los inmigrantes. Ningún canario, ni por extensión ningún español y europeo es personalmente responsable de lo que está ocurriendo en África. Nadie niega que ese continente ha sido esclavizado, explotado y saqueado por Occidente. Desde luego que sí. Pero ya se ha entonado el mea culpa, y se intenta paliar la situación actual con programas de ayuda la mayoría de las veces ineficaces simplemente porque no se entiende la idiosincrasia africana. Vivir con un sentimiento de culpa continua, como el estigma del pecado original con que nacemos todos según la Iglesia, ni nos ayuda a nosotros, ni favorece a quienes debemos socorrer.

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