La verdadera dimensión de un fenómeno como el de la inmigración ilegal escapa siempre de las frías cifras de las estadísticas oficiales, aunque estas son igualmente indispensables para comprender su tendencia. En el caso de la Comunitat, el Ejecutivo valenciano explicó ayer que, en lo que va de año, un total de 500 inmigrantes procedentes de Canarias han sido derivados a la Comunitat.


Los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre descenso en la llegada de ilegales y el aumento significativo del número de repatriados durante el primer semestre del año, sin resultar decisivos, son en ese sentido alentadores. De las cifras divulgadas en estos días, la que hace referencia al aumento de repatriaciones en casi un
30% –28.522 en los seis últimos meses–, en comparación con el primer semestre del año anterior, es especialmente relevante porque indica que el Gobierno parece haber encontrado el camino para frenar el intenso “efecto llamada” que hemos sufrido desde que se inició el último proceso extraordinario de regulación y que convirtió a nuestro país en destino preferente para las mafias del tráfico de seres humanos.


Repatriar a quienes han entrado de manera ilegal es una herramienta que está confirmándose como disuasoria para quienes se plantean correr una aventura semejante –se ha producido paralelamente una reducción de más de un 50% en el número de cayucos y pateras que han llegado a nuestras costas– y, por tanto, debe extenderse, junto con un estricto control de nuestras fronteras, al resto de vías de acceso clandestino a nuestro país. En todo caso, y pese a reconocer que la tendencia es esperanzadora, el hecho de que este fin de semana hayan llegado a las costas canarias dos embarcaciones con más de doscientos subsaharianos obliga a no bajar la guardia. Los acuerdos alcanzados el año pasado con países como Mauritania, Senegal y Costa de Marfil y las previsibles nuevas actuaciones que se producirán tras la visita la semana pasada del ministro de Trabajo español a estos, son bien elocuentes de la importancia que en la lucha contra la inmigración tiene el revertir el ‘‘efecto llamada’’ y convencer a los posibles inmigrantes de que es absurdo jugarse la vida para terminar siendo repatriado. Pero para ello es también esencial que la contratación y formación en origen pase a ser el segundo pilar de la regulación de los flujos migratorios.