Llega una organización no gubernamental y dice que en los centros de menores donde se atiende a los inmigrantes todo son desmanes. Llega la Fiscalía, analiza el caso y dice que no hay constancia de esos delitos. Llega el Gobierno de Canarias y dice que ojalá no existieran los centros, pero como el resto de comunidades autónomas apenas se implica en la acogida de los menores, pues alguien tiene que atenderlos. Respecto a los abusos, no puede ir más allá de lo aportado por los fiscales. Y llega, de nuevo, la organización no gubernamental y, no contenta con lo investigado por los fiscales, monta una conferencia de prensa en Madrid y da al asunto una dimensión nacional que nadie discute que merece el caso, pero que huele un poco a afán de protagonismo.

¿Quién tiene la razón? Si creemos la versión de la ONG, entonces hay que echarse a temblar, pues no sólo habrían fallado los mecanismos de integración de los menores – a saber, el personal que les atiende – sino que los fiscales y el propio Gobierno habrían cometido una dejación que sobrepasa los límites de lo admisible y entraría de lleno en la irresponsabilidad con dimensiones de ilegalidad. A todo esto hay que añadir un matiz: entre la investigación de la ONG y la presentación ayer de su demoledor informe pasaron varios meses, cosa que agiganta las dudas sobre la seriedad de esta organización, pues si tan preocupada estaba por lo que sucedía tras las paredes de los centros de menores, podía haber acudido al juzgado de guardia de inmediato, se podían haber encadenado en la puerta de esos centros sus representantes o podían haber iniciado una huelga de hambre hasta que el presidente del Gobierno les atendiera como merecía la ocasión. Nada de eso, sin embargo, ocurrió; al contrario: guardaron el expediente bajo el brazo y lo reservaron para una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Pero no se trata de negar la posibilidad de que los abusos se hayan producido. Deberá determinarlo la Justicia, que es la quita y da la razón cuando hay posiciones enfrentadas, como es el caso, en torno a presuntos delitos. Ahora bien, si el punto de partida de la ONG es que esa Justicia está contaminada por unos fiscales que miran hacia otro lado, entonces alguien se está saltando las reglas del juego y no hay manera de llegar a una conclusión.

El Gobierno de Canarias actuó ayer con celeridad a la hora de salir al paso de la denuncia. Le corresponde iniciar una nueva investigación interna, y luego otra, y otra, y otra… y cuantas hagan falta hasta que no exista sombra de duda. Los fiscales, por su parte, ya pueden ir moviéndose para limpiar su buen nombre, que ha quedado en entredicho.

opinion@canarias7.es