Denuncian abusos a menores inmigrantes

Human Rights Watch sostiene que los niños son maltratados de forma «sistemática» en los centros

Canarias 7, EFE, 27-07-2007

La organización no gubernamental Human Rights Watch Human Rights Watch exige el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, tras haber documentado «abusos y violencia». Dicha organización pide a la Fiscalía que actúe.
La denuncia de la organización que lleva desde el año 1978 investigando violaciones a los derechos humanos en más de 70 países se plasma en un informe denominado Responsabilidades no bienvenidas. España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en Canarias. La investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, denunció en una entrevista «el hacinamiento de los niños en estos centros de emergencia, donde literalmente están detenidos».

Además «se mezcla a los menores de 10 años con otros más mayores, lo que crea situaciones de violencia entre ellos», denunció Troller. «Lo peor – añadió – es que los niños no pueden quejarse ni denunciar su situación a nadie, porque no pueden salir del centro, desconocen la lengua y no tienen asistencia letrada ni de asistentes sociales».

En especial, Human Rihts Watch está «muy preocupada» por los centros de La Esperanza (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria), donde, «aparentemente, se maltrata a estos chavales de manera sistemática o rutinaria». «Hablamos de un tipo de violencia muy seria, de un trato degradante e inhumano y de palizas. Son golpeados de manera regular y encerrados por varios días en celdas sin lavabos y aunque reciben comida no pueden salir de ellas». Por eso, Human Rights Watch ha pedido a las autoridades españolas que abran una investigación.

Troller visitó en enero 3 de los 4 centros de acogida inmediata (CAI) y otros 8 centros ordinarios de menores en las islas Canarias, éstos últimos con unas «condiciones en general buenas». La responsable pidió al Gobierno canario que cierre estos centros y traslade a los niños a otros «mejores».

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