MADRID. La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de Las Palmas que remitan información sobre la supuesta investigación realizada en centros de menores inmigrantes no acompañados y que fue archivada al no apreciarse los supuestos abusos y agresiones denunciados por jóvenes a Human Rights Watch.

Esta organización exigió ayer el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, en donde esta organización de defensa de los derechos humanos ha documentado «abusos y violencia», tras entrevistarse con varios de los menores que residen en los centros. Antes de presentar este informe, miembros de Human Rights Watch se entrevistaron con responsables del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones. Tras esta reunión, la Fiscalía General pidió a la fiscalía canaria que le informe sobre cuáles fueron sus actuaciones.

La investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, explicó que tras entrevistarse de forma confidencial con varios menores informaron a las autoridades «de estos testimonios que son muy serios y que nos tomamos muy en serio», entre los que incluían «alegaciones de abusos sexuales», y que la Fiscalía abrió una investigación.

«La Fiscalía investigó y nos envió una copia de su informe – en julio – que concluyó que no podían confirmar ninguna alegación» denunciada, aunque «no estamos satisfechos con la metodología que llevó a cabo».

Otros diez menores llegaron ayer a El Hierro tras ser rescatadas las 149 personas que viajaban en un cayuco. EFE