La Policía expulsó ayer a nueve familias que habían ‘okupado’ un inmueble en la calle de Algodonales hace 10 meses. El clan principal realquilaba habitaciones a inmigrantes En la calle Algodonales, en Tetuán, se vivieron ayer por la mañana momentos duros. Los sentimientos de dolor y tristeza se mezclaron en el ambiente con los de alegría y alivio. El hecho que provocó tantas pulsiones fue el derribo de un inmueble ubicado en el número 8. En octubre de 2006, una familia de etnia gitana comandada por la matriarca María se hizo con el control de la vivienda. Después, realquilaron las habitaciones sobrantes a ciudadanos de origen rumano. Pese a los numerosos incidentes que habían tenido con los vecinos, un total de nueve familias – unas 40 personas – aguantaron en el edificio hasta ayer, cuando la Policía Nacional y Municipal desalojaron la gran casa. Acto seguido, el edificio fue demolido. Mientras se produjo el desalojo, la calle se llenó de colchones, electrodomésticos, bicicletas y ropa.

Decenas de curiosos se asomaban a contemplar lo que pasaba mientras las familias sacaban entre lágrimas sus pertenencias y sus mascotas (varios perros y gatos). «¡No hay derecho, no hay derecho!», exclamaba un joven rumano al que nadie había avisado del inminente derribo. «¿España está avanzada? Porque en Rumanía esto no lo hacen», aseveraba el chatarrero Stefan, su padre. Ambos tuvieron que cargarse al hombro todas sus cosas a la espera de que algún conocido les diera cobijo.

Más tranquilos estaban en el clan de María, pero también protestaban. «La culpa es del Ivima», exclamaba una señora con una hija veinteañera embarazada, «porque a mi niña no le han entregado ninguna vivienda joven, y la que me dieron a mí en Fuenlabrada no me la dejan cambiar. Porque yo no tengo coche y quiero vivir en Madrid».«¡Ya era hora!», exclamaba un sufrido vecino. «El principal problema comenzó con el buen tiempo. Todos los días, al caer la tarde, salían a la calle con sus mesas y sillas a beber, cantar y jugar al dominó. También montaban fiestas con la música de los coches y acumulaban todo tipo de basura en el patio interior». Muchos vecinos temían irse de vacaciones en agosto y dejar sus casas vacías por si a los okupas se les ocurría colarse. Otros tenían problemas para aparcar porque bloqueaban el acceso a sus garajes. Algunos negocios de la zona habían visto disminuir el número de clientes en una calle hasta el año pasado muy tranquila.

Antes del derribo, varios técnicos tuvieron que desconectar los cables con los que las familias conseguían luz gratis. El edificio, que tenía dos plantas de ladrillo, hacía esquina con la calle Araucaria y era bastante grande. El complejo es propiedad de Mavial Return, una empresa de Cuenca que el pasado octubre llegó a un acuerdo con la última inquilina que quedaba en el inmueble, una señora mayor que aceptó irse a vivir con su hija a cambio de un piso en el nuevo edificio que se construiría. Pero todo quedó paralizado cuando dos días después de que la mujer dejara el edificio, éste fue ocupado por el clan de María.

La empresa había vallado la casa y tapiado los accesos, pero la familia de María los derribó a golpe de pico y pala. Los vecinos llamaron a la Policía para denunciar lo que ocurría pero, al parecer, no apareció ningún agente. Diez meses después, cuando el desalojo y la demolición son un hecho, los residentes de la zona respiran – y duermen – tranquilos.